El lunes 23 de Abril empieza la recogida de firmas en favor de la ILP por la dación en pago retroactiva, contra los desahucios y por el alquiler social
Contra la condena hipotecaria
A la dificultad histórica de nuestro país para acceder a una vivienda digna por parte de amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el drama de la pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 2007 -año en que estalla la crisis- hasta el 2011, se han producido 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España. Las previsiones de futuro no son mejores e indican que estas cifras podrían duplicarse durante el 2013.
Las familias afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados por la crisis: las personas que han perdido el trabajo, especialmente las que se encuentran en situación de paro de larga duración. Y, dentro de estas, las que pertenecen a los colectivos tradicionalmente más vulnerables, como las personas inmigradas o las madres solteras. Por otro lado, a la pérdida de trabajo y de la vivienda se suma una consecuencia totalmente inesperada y de efectos gravísimos: en el Estado español el procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la entidad financiera pueda adjudicarse la vivienda por el 60% de su valor de tasación, y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente -más intereses y costes judiciales- tanto a la persona afectada como a quienes la hayan avalado. .
Así, a la dramática situación de no tener trabajo ni vivienda, se añade una deuda impagable que supone el embargo de salarios o de cualquier ingreso o propiedad de los afectados y de sus avalistas. Se trata, por lo tanto, de una condena a la exclusión social, y a la economía sumergida.
Ante esta situación, la medida estrella del Gobierno del Partido Popular, el código de buenas prácticas para hipotecas de clientes con pocos recursos, impulsado mediante el real decreto ley 6/2012 de 9 de marzo, resulta claramente insuficiente. Por un lado, establece requisitos que dejan fuera a la inmensa mayoría de los afectados. Por otro lado, está básicamente orientado a una refinanciación de la deuda que solo beneficia a los bancos. Finalmente, el código deja fuera los miles de personas que ya han sido desahuciadas.
Así, mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de la actual crisis económica, reciben miles de millones de euros en ayudas públicas, las familias con hipotecas impagables continúan abocadas a la exclusión social. Es por eso que hace falta una movilización social que fuerce un plan de rescate para los miles de familias que se sobreendeudaron, no para especular, sino simplemente para acceder a un bien de primera necesidad y a un derecho fundamental para las personas cómo es una vivienda digna.
Con este objetivo, esta mañana presentamos públicamente el pistoletazo de salida de la iniciativa legislativa popular (ILP) para pedir la regulación de la dación en pago retroactiva, paralizar los desahucios y promover el alquiler social. Tenemos hasta el 31 de octubre para recoger las 500.000 firmas necesarias para que la ILP sea admitida en el Congreso de los Diputados. .
Con esta ILP pretendemos que en los casos de vivienda habitual, la entrega de la propiedad de la vivienda liquide la totalidad de la deuda. De hecho, el Estado español es, en este sentido, una anomalía: tanto en EEUU como en la mayoría de países europeos existe algún tipo de mecanismo que, de una manera u otra, permite resolver las deudas hipotecarias en un plazo razonable.
Pero, además de la dación en pago retroactiva, también proponemos que se paralicen los desahucios y que aquellas hipotecas que hoy resultan impagables puedan reconvertirse en un alquiler social. De este modo las familias afectadas podrían permanecer en sus viviendas destinando como máximo el 30% de sus ingresos para el pago del alquiler.
Es un absurdo y un escándalo social que los bancos sigan acumulando miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle y con deudas de por vida. Por eso hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía porque se sume a la ILP en defensa del derecho a la vivienda aportando su firma. ¡Que no nos hipotequen la vida!
Joan Carles Gallego (CCOO Catalunya), Joan Martínez (CONFAVC), Vanesa Valiño (Observatorio DESC), Ada Colau (Afectados por la Hipoteca), Àngels Guiteras (Taula del tercer Sector), Josep Maria Álvarez (UGT Catalunya)
La ILP: un canal de participación ciudadana con proyección. Aitor Martínez Jiménez.
Para la gran mayoría de ciudadanos la ILP es todavía una herramienta prácticamente desconocida, mientras que para la práctica totalidad de los especialistas la ILP es un instrumento de participación fracasado. Sin embargo, probablemente se haya certificado precipitadamente su defunción. El actual contexto político, con una creciente desafección ciudadana hacia el modelo representativo y sus partidos políticos, puede conllevar la activación de este canal de participación popular olvidado.
A caballo entre la democracia directa y la democracia representativa, a través de este instrumento de democracia semidirecta, los ciudadanos pueden proponer la adopción de una ley al parlamento. Su finalidad es evidente, alimentar la producción legislativa con las demandas ciudadanas, para completar así la limitada visión de los partidos políticos, que en ocasiones no trasladan al parlamento intereses que nacen en la ciudadanía.
SICOM i Namuss Films estamos proyectando el documental La Plataforma, dedicado a las actividades y reivindicaciones de los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.
Si quieres organizar una proyección del documental ponte en contacto con nosotros: sicom@sicom.cat
Recortes y datos del sistema sanitario: J. Ignacio Martínez Millán y Luis Andrés López Fernández, profesores de la escuela Andaluza de Salud Pública.
Se habla estos días de establecer cuotas de pago para determinadas prestaciones en función de la renta, creando tasas para las rentas más altas. El efecto de la aplicación de esta tasa en la financiación del sistema, tanto por el porcentaje de población a la que afectaría inicialmente, como por el uso de servicios que esta población realiza (que salvo para situaciones de alta complejidad y coste no utilizan los servicios públicos de salud) será inapreciable. La búsqueda de una mayor recaudación a través de dicha medida conllevará la bajada progresiva del dintel de nivel de ingresos para la aplicación de la tasa, incrementando el colectivo social con las clases medias de mayores ingresos declarados a hacienda, que se verá incentivado a contratar seguros privados de salud y a desentenderse del sistema público.
Este desentendimiento conllevará en el medio plazo la exigencia por parte de esta población de la devolución de sus impuestos relacionados con la salud, con el argumento de la no utilización del sistema público y el aporte que ya hacen a su seguro privado, y por otra parte restará apoyo social al sistema de salud, pues en nuestras sociedades estos grupos de población tienen gran capacidad de influencia política. Perderemos la universalidad del sistema, que es lo que garantiza la adecuada distribución de riesgos, la eficiencia económica y social, la calidad y la capacidad redistributiva del sistema. Y esto es lo que parece perseguir la política anunciada sobre recortes en nuestro sistema nacional de salud.
“El ejercicio de los derechos humanos no puede subordinarse a la aplicación de las políticas de ajuste estructural y las reformas económicas emprendidas a causa de la deuda”.
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas Resolución 11/5 de 200
Una denuncia penal contra los responsables de la sanidad: Carlos Jiménez Villarejo
La sanidad de Mas llega a los Tribunales: El Diagonal 16-4-12
El 21 de marzo, la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios (PARS) presentaba ante la Fiscalía Superior de Catalunya, un escrito conforme al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal(PDF) en el que se relatan hechos que la PARS considera infracciones del artículo 542 del Código Penal. Este artículo tipifica el delito en el que incurre aquella persona que, en el ejercicio de la función pública, impida conscientemente “el ejercicio de derechos cívicos” a una persona. Las personas que firman la denuncia entienden que dentro de esos “derechos cívicos” se encuentran los “principios rectores de la política social y económica” que salvaguarda la Constitución española.
Dieciséis meses es tiempo suficiente para dar una idea de las capacidades de un Gobierno. Al que preside Artur Mas este periodo le está resultando una penosa ascensión por un calvario económico y presupuestario. Un vía crucis en el que, al decir de uno de sus miembros, cada reunión semanal está protagonizada por una ansiosa búsqueda de dinero para pagar deuda, proveedores y nóminas.
Si esta es la cruda realidad impuesta por la crisis económica, también es cierto, sin embargo, que la gestión gubernamental se la juzga no solo por parámetros económicos y presupuestarios. El consejero de Interior,Felip Puig, por ejemplo, se deleitó en sus primeros meses echando atrás algunas políticas de su antecesor,Joan Saura. Y con ello satisfizo los intereses corporativos e ideológicos sobre cuyas campañas en contra del Gobierno de izquierdas había cabalgado CiU como partido de la oposición. Cosas como suprimir el código ético de la policía y el programa contra la violencia machista, por ejemplo. Para Puig fue un momento feliz. Todo muy fácil y gratis. Pero el tiempo pasa y llegó el momento en el que el consejero tuvo que demostrar que sabía hacer algo más que atender a los grupos de presión afines. Llegó el 27 de mayo y el Departamento de Interior no supo organizar y llevar a cabo una operación tan asequible para una policía moderna como el desalojo de la plaza de Catalunya convertida en campamento del movimiento del 15-M. Lo que debía ser, y pudo ser, una simple operación de higiene a cargo de brigadas de barrenderos terminó en cargas policiales y violencia. Un fracaso.
Un par de semanas después, el consejero Puig consiguió el dudoso honor de llevar a la primera página de la prensa internacional la imagen del helicóptero policial con el que el presidente de la Generalitat logró llegar al Parlament. El día antes se había anunciado la concentración de manifestantes del movimiento del 15-M ante el Parlament y el Departamento de Interior fue incapaz de llevar a cabo lo que debe de ser una de las operaciones más típicas de toda policía: garantizar la existencia de un paso de acceso seguro a los diputados y el Gobierno a un edificio oficial. El dispositivo organizado fue un fiasco total y ofreció otra vez un penoso espectáculo de cargas policiales inútiles.
No fue la última oportunidad que el movimiento del 15-M brindó al Departamento de Interior para demostrar su impericia. Cuatro meses después, la policía improvisó sobre la marcha la ocupación de nada menos que la Ciudad de la Justicia con el objetivo de detener a seis participantes en las manifestaciones de junio, ¡cuando habían acudido al juzgado para prestar declaración por aquellos hechos! Aquella delirante iniciativa de Interior provocó una dura e insólita nota de protesta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la definió como un abuso en el ejercicio de la fuerza, en sede judicial.
La huelga general de hace un par de semanas ofreció a Puig una nueva oportunidad de colocar otro fracaso de la policía catalana en las portadas de la prensa internacional. Esta vez por choques con el núcleo de manifestantes anarquizantes que en Barcelona suele aprovechar algunas grandes concentraciones y celebraciones para hacer acto de presencia. Esta vez quemaron un Starbucks y numerosos contenedores de basura, entre otras cosas. No era la primera huelga general en los últimos años. En las anteriores había habido despliegues policiales discretos, previamente pactados con los sindicatos, y no había habido choques destacables. Pero a Puig le gustan las portadas de la gran prensa. Esta vez, calentó la huelga ordenando la detención de piquetes la mañana del 29 de marzo, por si no bastara con los recortes salariales y la destrucción de empleo.
Ahora, ante la evidencia de su desbordamiento, Puig recurre al populismo, en compañía del ministro Fernández Díaz, para vender la idea de que recortando derechos y endureciendo el Código Penal logrará controlar lo que se le escapa de las manos. Pero antes de pensar en cómo meter más gente en la cárcel, sería más rentable buscar un consejero de Interior y un director general de policía prudentes y expertos.
Más de la mitad de la propiedad de Repsol es extranjera y además es la segunda empresa española con más presencia en paraísos fiscales (12 filiales en las Islas Caimán y una en Liberia). ¿Es esto una empresa “española”, como para que merezca las amenazas tan flagrantes del gobierno español al gobierno argentino, por una amenaza de retrocesión de una privatización previa que muchos juzgaron escandalosa y vendepatria por parte del gobierno argentino de Eduardo Menem?
Hace ya tiempo que nos expropiaron Repsol; concretamente entre 1989 y 1997, cuando Felipe González y Aznar se la quitaron de encima vendiéndola al peso. Tal sucedió con otras importantes empresas de sectores estratégicos, comoTelefónicao Endesa, todos imperios boyantes que obtienen cada año beneficios de miles de millonesque no acaban en las arcas públicas
Nacionalización de YPF-Repsol por parte del gobierno argentino:El suelo en disputa.
La traición. Juan Torres López, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Sevilla
Imaginemos que por cualquiera de nuestras fronteras penetran unos cuantos batallones de tanques destruyendo a su paso fábricas y locales de empresas, hospitales, escuelas… y todo tipo de instalaciones e incluso produciendo daños personales a miles de individuos.
¿Qué pensaríamos si el Gobierno, en lugar de tratar de frenarlos disponiendo frente a ellos a los militares que juraron defender siempre la integridad de la Patria, se sometiera a sus dictados y permitiera que siguieran destruyendo nuestra riqueza?
Sin duda, creo yo, lo condenaríamos por felón y el pueblo tendría entonces todo el derecho a levantarse contra él y a imponer otro fiel y no traidor a la Nación y a los intereses de sus ciudadanos.
Fragilidad, incosnciencia, belicismo. Rafel Poch, Diario de Berlín, La Vanguardia 15-4-12
Los alemanes se desayunan cada mañana con noticias optimistas sobre el “milagro alemán”, particularmente real comparado con la miseria de sus vecinos del sur de Europa. Un día es el crecimiento de sus exportaciones, otro el récord de empleo, otro el magnífico índice de “confianza empresarial” y otro el aumento de ventas de Volkswagen o BMW.
Barriendo debajo de la alfombra los datos negativos del parcial desmonte del “Modell Deutschland” de los últimos veinte años (el aumento de la precariedad laboral, el crecimiento de la desigualdad social, el incremento del cinismo hacia la política y el deterioro de la proverbial moral del trabajo), el establishment mantiene su optimista campaña con la vista puesta en las elecciones generales del 2013. Mientras tanto, la Europa del sur se va al garete como consecuencia de una política alemana de austeridad asfixiante y de un Banco Central Europeo de diseño alemán y al servicio del sector financiero.
La expectativa que hay en Europa no es alemana, sino una combinación del creciente malestar social, en Grecia, Portugal, España e Italia, con unas elecciones en Francia. Esos dos vectores podrían poner en cuestión la política anticrisis de factura alemana. Habrá que ver lo que eso dará de si, pero, como en el caso de Chongqing, lo que aquí importa es el contexto: China depende de Europa, Europa depende de China. Todos están caminando sobre cáscaras de huevo. Unos lo saben, otros, al parecer, lo ignoran o confían en su billete de primera.
Pregunta: La decisión de limitar los pagos en efectivo a 2.500 euros es una medida para combatir el fraude fiscal o una limitación de la criculación del dinero en efectivo – corralito -.
Santiago Niño Becerra. Habrá intervención de cuentas bancarias
Brufau cobró 7,08 M/E de Repsol en 2.011. El Consejo de administración en su conjunto 16,3. 5,3 M/€ más que en 2.010.
Repsol, demogagia i corporativismo liberal.Jorge Fonseca, Catedrático EU de Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, miembro del Consejo Científico de ATTAC
Lo que resulta llamativo es la generalizada defensa de Repsol y la posición del gobierno -por convicción neoliberal, sumisión o miedo al despido-, por parte de analistas, académicos y tertulianos de los principales medios, que han hecho gala de pensamiento.
Los medios alternativos, las redes sociales e incluso los seguidores de foros de los medios públicos han mostrado la distancia que hay entre el establishment y la sociedad, foso que muestra la debilidad democrática en suma. En vez de procesar los datos de la realidad, la mayoría ha reaccionado como si la expropiación por razones de interés público fuese un acto ilegal en cualquier país, cuando forma parte del ordenamiento legal español (lo establece el artículo 33.3 de la Constitución española y tiene antecedentes de aplicación en la expropiación de Rumasa en los ochenta) al igual que del argentino.
La nacionalización de YPF, filial de Repsol, por el gobierno de Argentina. Alberto Garzón Espinosa, diputado IU, Málaga.
Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.
YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y extranjero)
El crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.
Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.
¿Qué hay detrás de la telenovela de Repsol YPF? Pues una historia de privatizaciones, entrega de la soberanía energética e intereses privados para ordeñar con velocidad las limitadas reservar de hidrocarburos de Argentina.
El problema, y una de las razones por la que se ha llegado a esta crisis, es que en ese momento las reservas de crudo argentino se estimaban en unos 15 años y Repsol sólo ha vaciado los pozos y maximizado ganancias exportando la mayoría del petróleo.
La senadora María Eugenia Estenssoro, hija del último director de YPF antes de que la comprara Repsol, es muy crítica del Gobierno y de Repsol, por haber vaciado YPF. Fue durísima con Menem por regalar “un activo estratégico del país” y ahora lo es con lo ocurrido en los últimos años: “(…)El contrato societario firmado por Repsol y el Grupo Eskenazi el 21 de febrero de 2008 -publicado desde entonces en la página de la Comisión Nacional de Valores (CNV)- obliga a los accionistas a distribuir el 90% de las utilidades anuales, cuando lo usual es el 25 por ciento. Este mecanismo permitió que ‘el amigo argentino’ [Eskenazi] comprara su parte en la empresa con los dividendos de la propia compañía. (…) Pregunto: si se acordó retirar prácticamente el total de las ganancias cada año, ¿con qué dinero se esperaba financiar la reposición de reservas y la ampliación de la producción? Repsol aceptó el acuerdo sin protestar, porque así emprendía la retirada con los bolsillos llenos y silbando bajito. Además, esta práctica depredadora la utilizó en la Argentina desde el inicio. Entre 2003 y 2007 repatrió el 97% de las utilidades de la empresa. Toda esta información está en los balances públicos”.
Repsol no es España: Juan Torres lópez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Lo que está haciendo el gobierno es patético y se debe decir claramente: no está defendiendo los intereses de España y de sus ciudadanos, como dice, sino de una gran empresa a la que España, el bienestar de su población o la situación de las empresas que verdaderamente están aquí tratando de sacar adelante la actividad y el empleo sin gozar del apoyo y los privilegios de Repsol, le importan un rábano en el día a día de sus actuaciones
Ya está bien de tanto teatro y de tanta sumisión ante los grandes. Lo que necesitamos en España no son precisamente repsoles que se dediquen a ganar dinero a espuertas en Argentina y otros países a base de mal explotar sus recursos, de evadir impuestos y expatriar beneficios a paraísos fiscales, sino un gobierno digno que se plante ante quienes de verdad están llevando a la ruina a la economía española.
La nacionalización de YPF (I): “Nuestras empresas” y la “seguridad jurídica” Pedro Ramiro OMAL Observatorio de Multinacionales en América Latina.
¿Son Repsol y otras corporaciones transnacionales como Telefónica, BBVA o Iberdrola “nuestras empresas”? En la última década, hemos visto cómo en muchas ocasiones los principales medios de comunicación y los gobernantes españoles se referían así a las grandes corporaciones cuya sede central se encuentra en el Estado español: «Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás», decían desde el gobierno de Zapatero hace tres años. Y es que, según el discurso oficial, la internacionalización de “nuestras multinacionales” es una de las principales fuentes de riqueza para este país. En base a ese argumento, habría que defenderlas por encima de todo y dar por sentada la máxima de que «lo que es bueno para ‘nuestras empresas’ es bueno para la población española».
Por citar sólo un dato: Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 millones de euros en 2011.
Repsol ha sido acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, contaminar el territorio mapuche en Argentina y el Parque Nacional Yasuni en Ecuador, violar los derechos humanos en Colombia y, en el caso de Argentina, la compañía ha causado importantes y persistentes impactos sobre el ambiente, la vida y la cultura de sus habitantes, en especial de las comunidades indígenas en cuyos territorios opera. Además, con el apoyo de los organismos internacionales, Repsol obtuvo una posición de absoluto control de la energía que ha aprovechado para implementar una infraestructura que ha favorecido el uso irracional de los recursos; la empresa elevó las tarifas del mercado argentino a los precios internacionales, olvidando sus costos y dejando a grandes sectores de la población sin posibilidad de acceder a la energía. ¿Puede hablarse así de “desarrollo”?
Petróleo y mineria: como una maestra jardinera
Editorial Le Monde Diplomatique Sudamérica Abril 2012
YPF-Repsol y la guerra de los tahúres. Carlos Abel Juárez, María Julia Bertomeu, G. Buster, – miembros del Comité de Redacción de Sin Permiso -, y Antoni Domènech, Editor General. Sin Permiso 16-4-12
El conflicto por el 24,55% de las acciones en juego de Repsol en YPF puede acabar afectando no solo al conjunto de la inversión española en Argentina, sino también en toda America Latina. El síndrome de la “seguridad jurídica” de la derecha española surge directamente de su experiencia traumática de la crisis argentina de 2001, cuando frente a la intervención de la banca española en Argentina, Aznar solo pudo recurrir a la presión de EE UU, ante la incapacidad de reacción de la UE: eso, y no otra cosa, es lo que propició el giro “atlantista” que desembocó en la foto de las Azores, la participación en la Guerra de Irak y la manifiesta displicencia hacia el núcleo de la “vieja Europa”.
YPF, un hostigamiento por motivos políticos, no técnicos. Mariano Marzo.El País 5-4-12
Sin duda, desde una perspectiva técnica, el contencioso suscitado en torno a YPF debe analizarse en el contexto de la metamorfosis energética acaecida en Argentina en los últimos años. Entre 2002 y 2010 el país ha experimentado un crecimiento del PIB del 8% anual, favorecido por unos precios de los productos energéticos en general, y de los productos petrolíferos y del gas natural en particular, artificialmente bajos. En el transcurso del período citado, la tasa anual de crecimiento de la demanda de productos energéticos ha sido muy alta: 5% para la electricidad, 4% para el gas oil, 7% para las gasolinas y 4% para el gas natural.
La “Marca España” es la “Marca REPSOL” (y viceversa) Miguel Romero. Viento Sur.
Ecologistas en Acción se muestra favorable a la expropiación el 50’01% de las acciones de YPF por parte del Gobierno argentino a costa del 57’46% que le pertenecen a Repsol. Este es un paso necesario en el avance hacia un mundo post-petrolero más justo.
Ecologistas en Acción considera que es imposible avanzar hacia un mundo post-petrolero mientras el control de los campos y de la actividad petrolera esté en manos de empresas privadas. De este modo, el control público que una empresa como YPF es un paso adelante.
Por último, Repsol no es una empresa “española”, sino que es una empresa de sus accionistas. No existe ningún control público sobre sus actividades, ni sus beneficios redundan en la ciudadanía española de forma significativa. Además el 42’00% de las acciones está en manos de fondos de inversión que no tienen su sede en España, a lo que hay que sumar el 9’48% que está en manos de Pemex. Es decir, más de un 50% de la compañía pertenece a personas o entidades radicadas en terceros países.
Para Ecologistas en Acción, la defensa de los intereses de Repsol por parte del Gobierno solo puede ser explicada por una visión colonialista de las relaciones internacionales y por la supeditación de las instituciones públicas a los intereses privados de las empresas, en este caso Repsol.
YPF, pasado y futuro. Nicolás Gadano, economista, autor de Historia del petróleo en Argentina (Edhasa).Le Monde Diplomatique Abril 2012
Más de la mitad de la propiedad de Repsol es extranjera y además es la segunda empresa española con más presencia en paraísos fiscales (12 filiales en las Islas Caimán y una en Liberia). ¿Es esto una empresa “española”, como para que merezca las amenazas tan flagrantes del gobierno español al gobierno argentino, por una amenaza de retrocesión de una privatización previa que muchos juzgaron escandalosa y vendepatria por parte del gobierno argentino de Eduardo Menem?
Hace ya tiempo que nos expropiaron Repsol; concretamente entre 1989 y 1997, cuando Felipe González y Aznar se la quitaron de encima vendiéndola al peso. Tal sucedió con otras importantes empresas de sectores estratégicos, como Telefónica o Endesa, todos imperios boyantes que obtienen cada año beneficios de miles de millones que no acaban en las arcas públicas
Ver “conflictos-abusos” de Repsol en el mundo entero en:
El problema es mayor que el 1%. Es el 10%. Vicenç Navarro. Público 12-4-12
Este 1% de la población es el que consigue sus ingresos predominantemente de las rentas del capital y tiene un enorme poder financiero, empresarial, mediático y político, pues controlan los medios de financiación, de producción, de información y difusión, con la complicidad del Estado, cuyas políticas han facilitado tal concentración. De ahí que el movimiento Occupy Wall Street en EEUU los señale, con razón, como los responsables de la crisis financiera y económica. (Es interesante subrayar que es un indicador de la enorme influencia mediática y política de los súper ricos que la concentración de las rentas y de las riquezas como causa de la Gran Recesión apenas aparece en los medios).
El Fondo cree que hay que tomar más medidas y cita entre ellas el recorte de las pensiones, el aumento de las cotizaciones y la posibilidad de que los Estados contraten con aseguradoras privadas la cobertura de ese “riesgo de que la gente viva más de lo esperado”.
Interior considerará la resistencia pasiva un atentado a la autoridad: Público 11-4-12
Las grandes fortunas son las que menos aportan a la recaudación pública. Periodismo Humano
Periodismo Humano habla con els secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de hacienda, José Maria Mollinedo, sobre la subida del IRPF.
“Sería fácil que las grandes fortunas pagaran como el resto de los ciudadanos”
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda: ¡No debemos! ¡No pagamos!
Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda “No debemos, No pagamos” entienden que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos, están utilizando como motivo para tirar adelante con una sangrante política de austeridad. Por eso se exige el derecho a saber, a conocer los detalles del proceso que nos ha llevado a esta situación.
O hay una movilización ciudadana o a España le esperan entre 10 y 15 años de crisis. Susana Regueira entrevista Eric Toussaint. El Faro de Vigo
España está siguiendo el camino de Grecia, Portugal e Irlanda, a su ritmo pero es el mismo camino, ya con la política de Zapatero y ahora empeorada o radicalizada todavía más hacia el neoliberalismo por el gobierno del PP, está claro que el camino elegido es más austeridad en los dos o tres años que quedan, más paro y seguramente más reacciones o explosiones sociales.
EL PP anuncia que la reforma sanitaria puede tocar todo
Publico : El PP avisa que la reforma sanitartia puede tocar todo.
El País: Guindos anuncia nuevas refromas en sanidad y educación.
El Periodico:El PP anuncia que la sanidad pública necesita “un buen tiempo en la uci”.
¿Qué pretenden, qué quieren conseguir?
Pues traspasar a su propiedad privada dos de los mecanismos claves para la equidad, las dos cosas a las que los humanos, respirar, beber, comer y procrear al margen, no renunciaremos nunca: salud para vivir, educación para vivir mejor en el futuro. Ellos, los oscuros mercados, saben que pagaremos por tenerlas porque no hay futuro sin salud ni educación. ¿Les permitiremos que se las apropien con el único objetivo de acumular riqueza a costa de los derechos sociales de la mayoría? Aceptaremos convertirnos – aún más – en objetos de negocio?
En la página 40 de su edición del miércoles 14 de marzo, el diario El País incluía una espectacular página de publicidad en color. Sobre un fondo verde, la palabra Cáncer aparecía tachada en rojo. Es el logo de la mayor transnacional médica mundial especializada en cáncer: el MD Anderson Cáncer (tachado) Center. Debajo dos titulares: “Solo tenemos un objetivo: Vencer al cáncer”. “Juntos venceremos al cáncer”.
¿Dónde está el negocio?
Por una parte, sin duda, en el miedo que inspira el cáncer, asociado en el imaginario y en la experiencia de la sociedad al sufrimiento y a la muerte. Cuando la evolución de la enfermedad alcanza los niveles de alto riesgo, incluso personas de recursos modestos pueden invertir sus bienes y ahorros, y los de sus familias, persiguiendo la última esperanza de quienes se presentan, con la cuidada ambigüedad del lenguaje publicitario, como una institución capaz de “tachar” al cáncer.
Pero esto no es suficiente: la clave del negocio en países son sistemas potentes de sanidad pública está en colonizar el sistema público. Para ello, un primer paso se da desde dentro, dejando actuar a la sobresaturación que crece en progresión geométrica de los departamentos de oncología, atendidos en condiciones tan ejemplares, como crecientemente inmanejables por un personal sanitario desbordado.
Jaume Asens: ”El endurecimiento del código penal responde a una lógica de estado de excepción, fuera del estado de derecho”. Jaume Asens es”vocal de la Comissió de Defensa dels Drets de les Persones del Col·legi d’Advocats de Barcelona,”
L’enduriment del codi penal que prepara el Ministeri de l’Interior amb l’objectiu d’equiparar les penes per suposat vandalisme a les previstes per a la kale borroka està indignant nombrosos advocats. Jaume Asens, vocal de la Comissió de Defensa dels Drets de les Persones del Col·legi d’Advocats de Barcelona, ha assegurat en declaracions a EL TRIANGLE que el canvi normatiu respon a una “lògica d’estat d’excepció, de política d’emergència que s’allunya de l’estat de dret”. “Entrem en una lògica pròpia de guerra”, afegeix Asens, que és l’advocat defensor d’alguns dels detinguts a la capital catalana durant la jornada de vaga general.
Gaseamineto ciudadano propio de estados de excepción proclamados por dictaduras
Elena Milàixina, sucesora de Anna Politkòvskaia en Nòvaia Gazeta y opositora de Putin por sus políticas antidemocráticas y dictatotiales, ha sido agredida esta madrugada por unos “desconocidos”. Elena Milàixina caminaba con una amiga por un barrio residencial de Moscú cuando sus agresores se han abalanzado sobre ella golpeándola en el pecho y en la cara. Milàixina, que ha denunciado la pasividad de la policía, ha debido ser hospitalizada.
A finales de 2011 Elena Milàixina estuvo en Barcelona y SICOM tuvo la oportunidad de entrevistarla
El gobierno del humo. Augusto Klappenbach, filósofo y escrito
La vida económica avanza hacia la abstracción. En sus comienzos, el valor residía en los objetos –un terreno, una oveja, un arado-, luego vinieron las monedas, luego el papel moneda y finalmente las transacciones electrónicas, que viven en las tripas de los ordenadores despojadas de toda materialidad. El problema consiste en que el poder político ha seguido, durante las últimas décadas, un proceso de debilitamiento paralelo. De tal modo que el esfuerzo de varios siglos por establecer un régimen democrático que, pese a sus imperfecciones, pretende situar la soberanía en la voluntad de los ciudadanos se ve obligado a abandonar esas aspiraciones: el poder político debe ceder a los mercados financieros la gestión de la vida económica.
Rafael Poch, Diario de Berlín. La Vanguardia 1-4-12
El Directorio europeo tiene miedo. La democracia y la protesta son su pesadilla
España ha llegado a la situación de Grecia en 2010. A partir de ahora una rápida bajada. Con su perspectiva griega de degeneración social para la mayoría, sus millones de parados, su juventud sin futuro, sus mayores más amenazados que nunca, en pensiones y puestos de trabajo de libre despido, reúne condiciones para que tome fuerza su 15-M cívico-laboral. Por eso está en el punto de mira. El Directorio ya habla de intervención.
Resumiendo: combatieron una quiebra del sistema financiero inyectando dinero público, cuando la inyección creó deuda pública declararon que ésta –no la quiebra que la provocó- era el problema. Los bancos de Alemania y otros países del Norte que contribuyeron a la deuda privada del Sur europeo invirtiendo decenas de miles de millones de su superavit comercial en nuestras criminales fantasías inmobiliarias, redujeron un asunto claramente interrelacionado a un problema de “virtuosos y manirrotos”. Lo inaudito no ha sido el patoso y descarado nacionalismo alemán en todo esto, sino el servilismo y vasallaje de los políticos del Sur ante ese discurso. A continuación, para atajar todo ese embrollo de deuda aplicaron recorte social a los de abajo con la misma filosofía que condujo a la quiebra original.
A la oligarquía no le gusta que se diga ni se sepa, pero la Crisis Energética asoma la patita.
Nuestro futuro energético: Recogido por Crisis Energética y publicado por el Grupo de Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid
El panorama que se ve desde arriba nos lanza un mensaje muy claro: esto no puede seguir como hasta ahora. No es el mensaje de siempre, no sólo decimos que esto no “debe” seguir porque es perjudicial para el planeta. No. Decimos, simplemente, que nuestros datos muestran que no vamos a continuar por este camino, no es posible. No tenemos petróleo para continuar con el crecimiento económico y los patrones de consumo de las últimas décadas.
Esta información ha sido elaborada por Ramón Muñoz, J. A. Aunión, Carmen Morán, María Sahuquillo y Charo Nogueira.
“Impulsaremos la extensión de la educación infantil de cero a tres años para satisfacer las necesidades de conciliación por parte de las familias”, decía el programa electoral del PP. Lejos de hacer eso, el Ministerio de Educaciónha eliminado el programa que desde 2008 estaba destinado a crear plazas para menores de tres años, Educa3, que el año pasado contó con un presupuesto de 100 millones de euros —tenía que renovarse en 2012 y no va a ocurrir—.
En el Parlamento español, durante la tramitación del denominado proyecto de ley contra el blanqueo de capitales en la primavera de 2003, se adoptó el acuerdo de eximir de tributación los beneficios obtenidos por las sociedades filiales de la banca española en paraísos fiscales, en el caso de las emisiones de participaciones preferentes o acciones sin voto y permitiendo la retroactividad de la exención de sus remuneraciones que tendrían la consideración de gasto deducible. (El PAÍS 28/04/03)” El gobierno Aznar de entonces fue aún más lejos, abriendo además el camino para las estafas bancarias posteriores a jubilados y pequeños ahorradores mediante las popularizadas participaciones preferentes. Por no mencionar la tolerancia española con la evasión fiscal vía paraísos financieros, como se denunciaba recientemente en elprograma futuro abierto de RNE.
