Medios ciudadanos cubrirán la huelga del 29m. El #29m tú eres el medio.
Barcelona, 27 de marzo de 2012, – La huelga general #29m, podrá ser seguida en Barcelona a través de medios alternativos, aquellos que están al margen de los intereses de las grandes corporaciones mediáticas, la #agencia29, así como por comunicaciones del 15M de Catalunya y otros medios ciudadanos. Las ciudadanas o ciudadanos que quieran participar en la comunicación de la huelga, podrán colaborar con estos medios o reportar directamente su realidad a través de algunas redes o plataformas de periodismo ciudadano que se explican a continuación.
# Agencia29
La Agència29 nació el año 2010 para explicar la huelga general del 29 de septiembre de aquel año, un año y medio después vuelve a salir a la calle para seguir difundiendo las movilizaciones.
Medios de comunicación independientes, alternativos y horizontales de los Países Catalanes se han unido para crear este centro de información con el objetivo de visibilizar todas las acciones que sucedan a lo largo de la jornada de huelga.
El trabajo de esta agencia será recoger la información que se genere en los piquetes, en las empresas, en las diferentes acciones descentralizadas y las movilizaciones que se organicen contra la reforma laboral y los recortes en la próxima convocatoria de huelga general el 29 de marzo de este año.
Es por ello que han creado el portal web http://agencia29.net/. Además, han abierto una dirección de correo info@agencia29.nety habilitado dos teléfonos (674408031/674400307) para que se les pueda informar de todo lo que suceda durante las 24 horas de la huelga.
Los medios que participan en la Agència29 son: Okupem les ones-La Tele, Llibertat.cat, Diari Catalunya, 15mbcn.tv, La Haine, Setmanari de Comunicació La Directa, Radio Bronka, Diagonal, L’Accent, Kaosenlared.
Estos medios harán un seguimiento conjunto de la jornada. Además de difundir a través de la web, teletipos, noticias y fotografías de todo lo que suceda las 24 horas del día de huelga, las radios libres emitirán en directo por las ondas todas las noticias que se vayan recogiendo. Lo harán a través de las frecuencias 91.4 y 104.5 de la FM en la ciudad de Barcelona, y en otros diales para concretar a radios libres de varios municipios. El teléfono de participación en directo será el 933 177 366.
Para ello hacen una llamada a la participación ciudadana para poder difundir información veraz, de primera mano y segura sobre todo lo que suceda a lo largo de la jornada en las empresas y grandes industrias, en los centros educativos y sanitarios, en los pueblos y barrios, en las casas y hogares, en todas partes donde haya protestas. Para llegar a todas partes con la participación colaborativa en este proyecto informativo.
Peoplewitness
Peoplewitness es una red de testigos con teléfonos 3G dirigidos a un mismo canal de streaming con la idea de transmitir un evento, un proyecto informativo, un seguimiento, asambleas, grupos de acción, etc.
Cualquier persona con un móvil 3G o un ordenador conectado a Internet que disponga de cámara podrá grabar las movilizaciones o protestas y reportar lo que está viviendo durante las protestas.
Con el objetivo de que todo el mundo pueda reportar cómo está viviendo la huelga, se ha creado una herramienta llamada ‘crowdmap’ (‘mapa de la gente’) de la huelga. Esta web recogerá los mensajes, vídeos, enlaces e imágenes que envíes a través de este formulario: https://vaga29m.crowdmap.com/reports/submit/ ubicándolos sobre un mapa. De esta manera el reporte enviado aparecerá junto a otros enviados por la gente.
Andrés Villena, economista e investigador en Ciencias Sociales por la Universidad de Málaga. Público 21-3-12
Que la nueva ley que regula las relaciones en el puesto de trabajo tiene sentido en el mundo actual es algo que salta a la vista si se analiza el contexto político, económico y social del momento en el que ha sido puesta en marcha: vivimos en una época en la que el empleo ya no es solo un objetivo inalcanzable para nuestras autoridades, sino que no es ni siquiera deseable: aunque se diga lo contrario, las prioridades económicas son bien distintas.
Estas últimas décadas han visto pasar muchos acontecimientos, pero sobre todo han presenciado lo que el sociólogo francés Alain Touraine ha denominado “el fin de la sociedad para sí misma”, la quiebra de un modelo económico que, en definitiva, necesitaba del ciudadano-empleado-consumidor para que el beneficio continuara maximizándose a buen ritmo. Por ello, el paro -no la inflación- pasó a ser el principal enemigo en Europa durante cerca de treinta años (1945-1975), con España, Portugal y Grecia -los tres países que peor están ahora en la zona euro, casualidades de la vida…- como sonadas excepciones.
La sociedad para sí, fundada bajo el denominado consenso keynesiano-fordista, tenía al trabajador como su centro: el ciudadano -normalmente un varón abastecedor de la familia- necesitaba un buen salario, no solo para seguir trabajando, sino también para mantener un poder adquisitivo que permitiera que las distintas empresas que satisfacían su deseo de compra continuaran vendiendo. El consumo aumentó y a ello contribuyó el hecho de que tanto los servicios públicos como la Seguridad Social ahorraran a las familias una serie de gastos que de otro modo hubieran sido los más importantes. El empleo creaba más empleo: más gente consumiendo y comprando suponía el nacimiento de nuevos productos y más personas dedicadas a prestar servicios de ocio, recreo, etc.
Las necesidades se multiplicaron milagrosamente, pero todo parecía marchar viento en popa. Una nota cultural para describir el punto de vista de aquella época: para el Estado, el delincuente no era precisamente un malhechor: se trataba de una persona desintegrada de una sociedad que debía rehabilitarle lo antes posible para que continuara adquiriendo productos. El Frank Capra de “Qué bello es vivir” se alzaba victorioso bastantes años después de su estreno.
Eran, como podemos ver, momentos de seguridad económica y materialismo -el primer coche, la televisión, etc.-, que pocos años después los hippies contraculturales comenzaron a despreciar, víctimas de un optimismo antropológico que se quebró en el mayo de 1968: aquella especie de salto en el tiempo -un paso infinito hacia una sociedad de iguales, un cielo en la tierra…- no fue más que un simulacro de la realidad, un espejismo, un ensayo de revolución para una clase media que pronto comenzó a ver que el futuro se parecía cada vez más a un pasado que no habían conocido siquiera. El esquema del pleno empleo comenzó a resquebrajarse cuando el precio del petróleo, la inflación generalizada y las oscilaciones monetarias amenazaron la supervivencia del capitalismo. El socialismo pareció momentáneamente posible: caían dictaduras fascistas, la URSS aparentaba cierta fuerza y no acusaba la crisis, los laboristas y socialistas franceses anunciaban un enorme plan de nacionalizaciones…
Sin embargo, en pocos años se produjo la revolución más silenciosa y exitosa que podamos recordar: los principales bancos centrales de los países avanzados multiplicaron los tipos de interés para combatir la inflación. La crisis de crédito estalló -el préstamo se puso muy caro- y comenzó a dejar en la calle a miles de personas. Los nuevos gobernantes en Occidente apoyaron planes de austeridad que estancaron la demanda, el consumo y el empleo; los sindicatos se quedaron desarmados; al mismo tiempo, los chinos declaraban sus “zonas de libre comercio”, fábricas sin derechos laborales a las que las multinacionales -apoyadas por los Estados- acudieron voraces en busca de la parte de la tarta que les había faltado durante décadas. Era la llegada de la era de la información, de los servicios y del empleo flexible. Eufemismos para evitar decir que ya no había vuelta atrás.
Los empleos se recuperaron, pero ya no volvieron a ser los mismos: trabajo a tiempo parcial, contratos temporales, economía sumergida… El sociólogo alemán Ulrich Beck -en un país obsesionado con mantener la inflación baja- ya alertó de la “brasileñización de Occidente” en 1998, cuando a nadie les sonaban los minijobs: Alemania había decidido combatir el paro aumentando la precariedad y la pobreza, cualquier cosa valía para no salir en la estadística. Solo quedaba una pregunta: ¿quién consume ahora? La brecha entre la renta disponible y el poder adquisitivo necesario para ser un triunfador se cubrió mediante crédito. Igual que anteriormente el sistema necesitaba del empleado-trabajador, ahora regaló al individuo una tarjeta VISA reluciente. La burbuja comenzó a inflarse y pronto necesitó de cemento para aparentar “el fin de los ciclos económicos”. Y preferimos no enterarnos.
Una década perdida de construcción financiada con crédito alemán -el mismo que pide ahora su parte de vuelta- nos ha dejado lejísimos de poder competir en algo que no sea precios baratos. Con un 23% de paro -más de un 30% en regiones-naciones como Andalucía, por ejemplo-, el trabajador ya no ejerce un derecho: tiene un privilegio. Hablar de mercado laboral ya de por sí es una aberración, pues supone aceptar el paradigma social actual: que la oferta y la demanda determinan que el precio del empleado es bajísimo, al existir millones que estarían encantados de ser tiranizados por mucho menos dinero.
De ahí que se puedan encadenar contratos sin apenas cobrar y que pasen años sin que el empleado bien formado adquiera derechos. Los sindicatos, en su peor crisis, parecen reaccionarios al reivindicar algo que hemos aprendido a deplorar: más que trabajo fijo, estamos locos por tener una fuente de ingresos, aunque sea en negro. Y con esto los empresarios, subvencionados y mimados como los portadores de la marca España, harán maravillas durante los próximos años. “Ahora sí que sí”, reza un folleto de un curso para que estos propietarios y ejecutivos aprovechen los progresos de la última gran reforma.
¿Cuándo frenarán? ¿Nos daremos cuenta de que una enferma de anorexia no consigue la belleza por ese camino? Lejos de Islandia, nos acercamos a la bulímica Grecia, que demuestra que los parches neoliberales solo están sirviendo para ganar tiempo: quien tiene que cobrar ha de hacerlo lo antes posible para pagar a unos terceros, que a su vez se apalancaron con unas hipotecas concedidas al primero que pasaba. La economía del endeudamiento, de la usura, es el modelo más insostenible de sociedad. Solo el miedo a la destrucción mutua asegurada -que nos declaremos todos en quiebra o, mejor, que nos descontemos las deudas- mantiene este sistema en un duerme-vela, en el que los medios de comunicación mienten diariamente, sabedores de tener una pistola detrás de la cabeza. Dan ganas de apagar la luz, la tele, lo que sea… y pasar a otra cosa. Al menos tendrían que enterarse de que por fin les hemos pillado la broma.
Aportamos 4 artículos que consideramos claves para Responder que SÍ hay Alternativas al Pensamiento Único Neoliberal que nos impone la Oligarquía en nombre del bien de los mercados.
A.- Entrevista Dennis Meadows La Vanguardia Mayo 2006
Meadows fue el autor de los Límites del Crecimiento, un infrome para el Club de Romoa que se realizó en 1972.
B.- Desconectados: Jorge Riechmann, Licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid en 1986, ha estudiado Filosofía en la UNED y Literatura Alemana en la Universidad Wilhelm von Humbolt de Berlín. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido profesor en el departamento de Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales, y profesor titular de Filosofía Moral en la misma. Miembro del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CCOO, de la Sociedad Española de Agricultora Ecológica, de Ecologistas en Acción y de Greenpeace España.
1980 fue aproximadamente el año en que la demanda conjunta de los seres humanos –medida en términos de huella ecológica— superó la biocapacidad de la Tierra[4]. 1999 fue el año en que los refugiados por causas medioambientales superaron al número de refugiados de guerra: 25 millones[5] (desde entonces esa tijera no ha dejado de abrirse cada vez más –y no porque las guerras estén en retroceso…). 2011 fue el año en que nació el bebé que empujaba la población humana hasta 7.000 millones de personas (las previsiones de NN.UU. sugieren una estabilización cerca de los 9.000 millones de personas en 2050). También fue 2011 el año en que arranca la primera explotación comercial minera en el fondo marino[6], o en que llegó al gran público el fenómeno del fracking (“fractura hidráulica” para acceder a reservas subterráneas de gas “no convencional”, shale gas)…
C.- ¿Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes? Ugo Mattei, Profesor de Derecho Internacional Comparado en el Hastings College of the a Law de la Universidad de California, autor de Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari-Roma, 2011
Cuando un Estado privatiza una vía de ferrocarril, una línea de transporte aéreo o un hospital, cuando cede la distribución de agua potable o vende universidades, expropia a la comunidad de una parte de sus bienes; una expropiación simétrica a la que realiza sobre la propiedad privada cuando desea construir un camino o alguna otra obra pública. En un proceso de privatización, el gobierno vende algo que no le pertenece, sino que pertenece proporcionalmente a cada uno de los miembros de la comunidad, de la misma manera que cuando se apropia de un campo para construir una autopista, adquiere mediante la coerción una propiedad que no es suya.
E.-De vidas vivibles y producción imposible. Amaia Orozco, doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, imparte clases sobre género y economía en diversos estudios de posgrado. Ha trabajado como investigadora del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer ; fue miembro del colectivo Precarias a la Deriva y participa activamente en movimientos sociales. Entre sus publicaciones: Perspectivas Feministas en torno a la Economía: el caso de los cuidados (CES, 2006); Desigualdades a flor de piel : las cadenas globales de cuidados (con Silvia L. Gil)
De qué estructuras socioeconómicas nos dotamos para articular una responsabilidad colectiva en la reproducción de las condiciones de posibilidad para esa vida que merece la pena ser vivida. De nuevo, el sistema actual no nos sirve, por esa contradicción estructural entre el proceso de valorización de capital y el proceso de sostenibilidad de la vida. Bajo la preeminencia del primer proceso, la vida éticamente cualificada está siempre bajo amenaza36; como lo afirma Antonella Picchio, el capitalismo es una “economía de muerte” o, en palabras de Herrero (2010b), es un sistema “biocida”. La responsabilidad de sostenerla está privatizada, feminizada e invisibilizada.
De aquí se abren múltiples debates, y, al menos, dos certezas: la propuesta no es dejar esa responsabilidad en los mercados capitalistas; estos no pueden ser la estructura socioeconómica priorizada, sino que, antes al contrario, han de tender a desaparecer. A la par, esa responsabilidad ha de ir democratizándose, colectivizándose y des-feminizándose. Si bien pueden parecer afirmaciones excesivamente amplias y abstractas, de ellas se deriva un primer movimiento estratégico fundamental: detraer recursos de la lógica del capital, para poder ponerlos a funcionar bajo otras lógicas económicas (de reciprocidad y solidaridad) en estructuras económicas democráticas. Para lograrlo, disponemos de una plétora de mecanismos, que implican una detracción más o menos amplia, intensa o directa37. Pongamos varios ejemplos:
Para detraer espacio físico (tierra, espacio urbano y rural) el ecologismo tiene muchas propuestas elaboradas: recalificación y/o reclasificación de los suelos; redefinición de toda la orientación de los transportes, priorizando el colectivo frente al automóvil y una red ferroviaria electrificada que una todos los núcleos habitados y priorice esta conexión frente a las líneas de alta velocidad que unen grandes núcleos; espacio en las ciudades para el carril bici y zonas peatonales frente al asfalto para los coches; tierras para la pequeña agricultura ecológica frente a las tierras para los monocultivos para la exportación… Para detraer espacios construidos y, en concreto, viviendas, tenemos propuestas más reformistas como la dación en pago, y otras más rupturistas, como la expropiación de la vivienda vacía y la puesta en marcha de un parque público de vivienda en alquiler; o la okupación misma.
Los obstáculos a la huelga general del 29 de Marzo: manipulación informativa, ilegalidad de la acción de gobierno, complicidad culpable de los sujetos económicos. Antonio Baylos,catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha. Sin Permiso
La manipulación, la mentira y la desinformación son elementos centrales hoy en esta estrategia de despiece de la democracia no sólo social, sino política y ciudadana. Pero también lo es la ilegalidad de las acciones del poder público. Ilegalidad que se parecía en diversas direcciones, en sentidos diversos. En primer lugar porque el gobierno legislador está vulnerando con su norma de reforma importantes principios constitucionales en una clara orientación anticonstitucional, lo que posiblemente haya que distinguirse de la inconstitucionalidad directa de algunos de los preceptos del RDL 3/2012. Es decir, el gobierno legislador ha utilizado ilegítimamente un poder normativo de excepción para desarrollar un marco institucional de las relaciones de trabajo que giran en torno al principio despótico del poder empresarial sin controles reales en las relaciones de trabajo y en la organización del mismo, y que se orienta a socavar el sistema autónomo de negociación colectiva, impidiendo así la expresión eficaz del poder contractual colectivo gobernado por el sindicato. Al plasmar este modelo anticonstitucional, que deroga los elementos centrales del marco democrático de relaciones laborales, incurre asimismo en inconstitucionalidades evidentes de ciertos preceptos legales, pero la depuración de éstos por el Tribunal constitucional no evitará la convalidación de la violencia del poder privado como regla de gobierno de las relaciones laborales.
Por Ugo Mattei, Profesor de Derecho Internacional Comparado en el Hastings College of the a Law de la Universidad de California, autor de Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari-Roma, 2011. Le Monde Diplomatique Diciembre 2011
¿Cómo proteger la propiedad colectiva en un momento en que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y dilapidan los recursos naturales que heredaron por ejemplo para “equilibrar” su presupuesto? La nocíón de “bienes comunes” propone superar la antinomia entre propiedad pública y propiedad privada.
Cuando un Estado privatiza una vía de ferrocarril, una línea de transporte aéreo o un hospital, cuando cede la distribución de agua potable o vende universidades, expropia a la comunidad de una parte de sus bienes; una expropiación simétrica a la que realiza sobre la propiedad privada cuando desea construir un camino o alguna otra obra pública. En un proceso de privatización, el gobierno vende algo que no le pertenece, sino que pertenece proporcionalmente a cada uno de los miembros de la comunidad, de la misma manera que cuando se apropia de un campo para construir una autopista, adquiere mediante la coerción una propiedad que no es suya.
Es decir que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia importante: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado constructor, instituyendo la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad.
Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político. La misma irresponsabilidad constitucional autoriza a los gobiernos de turno a vender libremente el bien de todos para financiar su política económica. Nos hace olvidar que los poderes políticos deberían ponerse al servicio del pueblo soberano, y no a la inversa.
En efecto, el “sirviente” (el gobierno) debe poder disponer de los bienes de sus mandatarios (los ciudadanos) para cumplir correctamente su servicio; pero su papel es el de un administrador de confianza, no el de un propietario libre de abusar de su patrimonio. Porque una vez enajenados, maltratados o destruidos, los bienes comunes dejan de existir para la colectividad. No son reproducibles y difícilmente sean recuperables, tanto para la generación presente –en el caso de que se dé cuenta de que ha escogido mayoritariamente a un sirviente malvado– como para las que vienen, a las cuales ni siquiera se les puede reprochar una elección que no hicieron. La cuestión de los bienes comunes pasa primero por una forma constitucional, ya que es en las Constituciones donde los sistemas políticos fijan las decisiones de largo plazo que quieren sustraer de la arbitrariedad de los gobiernos sucesivos (1).
Un nuevo lugar para lo “público”
Así pues, es importante desarrollar una elaboración teórica, acompañada por una defensa militante, que trate los “bienes comunes” como una categoría con autonomía jurídica que constituya una solución de recambio, tanto para la propiedad privada como para la propiedad pública (2). Esta tarea se revela más necesaria en la medida en que el sirviente padece hoy el vicio mortal del juego (el crédito, más que el impuesto, financia sus actividades), lo cual lo hizo caer en manos de usureros claramente más fuertes que él. En la aplastante mayoría de los Estados, en efecto, el gobierno, sometido por muchos canales a los intereses financieros globales, liquida los bienes comunes por fuera de todo control y ofrece como explicación la necesidad de pagar sus deudas de juego. Esta lógica enmascara como natural y obligatorio un estado de cosas que en realidad resulta de elecciones políticas constantes y deliberadas.
La conciencia de los bienes comunes, es decir el hecho de ver en ellos instrumentos para la satisfacción de las necesidades y derechos fundamentales de la colectividad, no es algo que se decida en los papeles (3). Se forma en el marco de las luchas –que a menudo terminan en derrotas pero siempre resultan emancipadoras– que se llevan adelante para defenderlos en el mundo entero. En muchos casos, los verdaderos enemigos son justamente aquellos Estados que deberían ser sus fieles guardianes. Así, la expropiación de los bienes comunes a favor de los intereses privados –multinacionales, por ejemplo– es a menudo obra de gobiernos ubicados en una posición de creciente dependencia (y por lo tanto, de debilidad) con respecto a las empresas que les dictan políticas de privatización, de “consumo” del territorio y de explotación. Desde este punto de vista, la situación de Grecia e Irlanda es particularmente emblemática.
La tradición occidental moderna se desarrolló en el marco de la dialéctica Estado-propiedad privada, en un momento histórico en que sólo esta última parecía necesitar protección frente a gobiernos autoritarios y omnipotentes. De ahí provienen las garantías constitucionales que son la utilidad pública, el ámbito reservado a la ley (que le garantiza al legislador el monopolio de ciertas cuestiones, si se excluyen las intervenciones de otros poderes del Estado en forma de decretos o regulaciones) y la indemnización. Pero ahora que la relación de fuerza entre Estado y sector privado evolucionó, la propiedad pública también necesita protecciones y garantías a largo plazo. Pero he aquí que estas son difíciles de concebir dentro del marco tradicional, que restringe la cosa pública al Estado. Es por eso que la protección liberal clásica de lo privado en relación al Estado ya no alcanza.
La conciencia política de la expropiación o del saqueo de los bienes comunes en el marco de las luchas actuales (por el agua, la universidad pública, la alimentación, contra las grandes obras que degradan los territorios) emerge a menudo de manera difusa, sin por ello desembocar en la elaboración de nuevas herramientas teóricas capaces de representar dicha conciencia e indicar una dirección común para esas movilizaciones. La categoría de los bienes comunes es llamada a cumplir esta nueva función constitucional de protección de lo público frente al Estado neoliberal y el poder privado.
Esta noción dio un salto cualitativo cuando, en 2009, la economista norteamericana Elinor Ostrom recibió el premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre los commons y, en particular, por su libro La gobernanza de los bienes comunes (4). La especialista se convirtió incluso en una palabra clave del paisaje internacional. No obstante, esta consagración borró ampliamente su potencial crítico. En la comunidad científica, la obra de Ostrom no se tradujo en un reconocimiento pleno y entero de las consecuencias revolucionarias que podía tener la posición central de los bienes comunes entre las categorías de lo jurídico y lo político.
La “tragedia de los bienes comunes” (5) –idea según la cual el libre acceso de los individuos a los recursos comunes provoca su sobreexplotación y amenaza su existencia– también llevó a la corriente universitaria dominante a considerar lo “común” como el lugar del no derecho por excelencia.
Desde esta óptica, un gran número de economistas y especialistas de las ciencias sociales acabaron fundando sus teorías sobre la imagen de una persona que, invitada a un almuerzo donde hay disponible gran cantidad de comida, se abalanza sobre ella, procurando así maximizar la suma de calorías que puede almacenar a costa de los demás. El Homo economicus glotón consumiría el máximo de alimento en un mínimo del tiempo.
Ostrom mostró hasta qué punto este modelo de comportamiento falla al intentar describir la relación entre el hombre de carne y hueso y el mundo real. No obstante, no sacó ninguna consecuencia política del hecho de que el modelo describa bastante bien las conductas de las dos instituciones más importantes que rigen nuestro mundo. En efecto, tanto la empresa como el Estado neoliberal tienden a actuar, frente a los bienes comunes, exactamente como el glotón invitado al almuerzo: procuran adquirir el máximo de recursos a costa de los demás. Impulsados por el interés de los gerentes y los accionistas en un caso, y de la nación y los dirigentes políticos en el otro, adoptan comportamientos miopes y egoístas, que la mayoría de las veces esconden detrás de una espesa niebla ideológica.
Un cambio de sensibilidad
Una vez dentro de la corriente académica y científica dominante, el discurso sobre el bien común corre el riesgo de convertirse en uno de los registros de moda de la poscrisis, como la “sustentabilidad” o la “economía verde”. Las generaciones que sucedieron a la “revolución científica”, en efecto, encontraron el modo de abrir una caja fuerte donde había guardadas inmensas fortunas que las generaciones anteriores no sabían que tenían, y no sabían cómo explotar (6). La primera modernidad (siglos XVI-XVIII), a través de la alianza entre el derecho, la técnica y la economía, forjó un imaginario que presenta como “ciencia” el hecho de sacar provecho –derrochándolas– de las riquezas contenidas en esa caja fuerte (carbón, petróleo, gas, agua dulce profunda), recursos naturales que no podemos producir y que no se reproducen naturalmente, salvo a lo largo de millones de años. Sobre este imaginario se funda esta ciencia de la explotación rápida y eficaz del tesoro que, desde hace trescientos años, llamamos economía.
En la mentalidad moderna, explotar bienes comunes –mediante un consumo que inevitablemente desemboca en su privatización a favor de los que consiguen explotarlos y aprovecharlos más eficazmente– se considera natural. El proceso de acumulación llama a la mercantilización, cuyos supuestos son la moneda, la propiedad privada del suelo y el trabajo asalariado, invenciones humanas que desvían hacia fines comerciales ciertos valores cualitativos únicos y no reproducibles, como la tierra, el tiempo de vida y el intercambio cualitativo.
Karl Marx describió el proceso de acumulación primitiva –en particular, la expoliación de las tierras comunes en Inglaterra, en el siglo XVI– como la etapa inicial del desarrollo capitalista, que permitió el avance de un capital suficiente para impulsar la revolución industrial. No obstante, podríamos extender la definición y considerar que la acumulación primitiva mediante la conquista de los bienes también engloba la privatización de lo que ha sido edificado en común gracias al sistema de contribuciones, fruto del trabajo de todos: transportes y servicios públicos, telecomunicaciones, mantenimiento urbano, bienes culturales y paisajísticos, escuelas (y más ampliamente todo lo que tiene que ver con la cultura y el conocimiento), hospitales; en resumen, todas las estructuras que rigen la vida social, hasta la defensa y las cárceles (7).
Un cambio general de sensibilidad, que podría convertir el bien común en la perspectiva central, sentaría las bases para un profundo cambio que se desarrollaría en el plano técnico-jurídico. Se trata, pues, de develar, denunciar y superar la paradoja heredada de la tradición constitucional liberal: la de una propiedad privada más protegida que la propiedad común.
1. Esta protección, que es necesaria, no por ello es menos frágil. En Francia, la constitucionalización de los monopolios de los servicios públicos, en 1946, no impidió formas posteriores de desmantelamiento.
2. Michael Hardt y Antonio Negri, Commonwealth, Harvard University Press, 2009.
3. Ugo Mattei y Laura Nader, Plunder. When the rule of law is illegal, Blackwell, Oxford, 2008.
4. Elionor Ostrom, Governing the Commons, Cambridge University Press, 1990.
5. Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science, vol. 162, n° 3859, Washington, diciembre de 1968.
6. Carlo M . Cipolla, The Economic History of World Population, Penguin, Londres, 1962.
7. Elisabetta Grande, Il terzo strike, Sellerio, Palermo, 2007. Cf. también las reflexiones de David Harvey sobre la “acumulación por desposesión” en El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004.
* Profesor de Derecho Internacional Comparado en el Hastings College of the a Law de la Universidad de California, autor de Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari-Roma, 2011.
Economía feminista. De vidas vivibles y producción imposible: Amaia Orozco, doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, imparte clases sobre género y economía en diversos estudios de posgrado. Ha trabajado como investigadora del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer ; fue miembro del colectivo Precarias a la Deriva y participa activamente en movimientos sociales. Entre sus publicaciones: Perspectivas Feministas en torno a la Economía: el caso de los cuidados (CES, 2006); Desigualdades a flor de piel : las cadenas globales de cuidados (con Silvia L. Gil)
Límites a las privatizaciones: Ugo Mattei, Profesor de Derecho Internacional Comparado en el Hastings College of the a Law de la Universidad de California, autor de Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari-Roma, 2011.
Esta noción dio un salto cualitativo cuando, en 2009, la economista norteamericana Elinor Ostrom recibió el premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre los commons y, en particular, por su libro La gobernanza de los bienes comunes (4).
Desarrollo sostenible y la tragedia del procomún. Elinor Olstrom
Elinor Ostrom explica como a lo largo de la historia las personas se han organizado de manera comunal para gestionar y usar juntos recursos naturales de manera sostenible duante periodos de tiempo largos, creando una gran diversidad de instituciones que se corresponden con la complejidad y la diversidad de los ecosistemas de los que forman parte.
Qué es el Procomún: Antonio Lafuente.(@alafuente) es investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) en el área de estudios de la ciencia. 2011.
Procomún, ética hacker e inteligencia colectiva. Universidad de Buenos Aires 2009
Laboratorio de Procomún: CSIC 2008
La revolución cultural del procomún: Antonio Fraguas El Pais 28-12-11
El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios
1. La estrategia de la distracción El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público
interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para
Hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el
desmantelamiento de los servicios públicos.
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para
acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un
sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto desvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
Bienvenidos al país de un dólar, un voto, como afirma una de las pancartas de los que protestan contra la compra de la democracia por las empresas y de los más ricos. Al arrancar el año electoral en Estados Unidos hay un olor verde muy particular: aquí el proceso democrático apesta a dinero.
Una muestra reciente de este aroma: el debate hace un par de días en CNN entre precandidatos republicanos fue patrocinado por American Petroleum Institute, la asociación de las empresas petroleras estadunidenses: Barack Obama anunció que aceptará la nominación de su partido en un estadio que lleva el nombre del Bank of America; el precandidato Mitt Romney tiene millones de su fortuna en un paraíso fiscal para evadir contribuir al tesoro público de su país; un fallo de la Suprema Corte ha desatado lo que un analista llamó un tsunami de dinero privado en el proceso electoral.
Se pronostica que ésta será la elección más cara en la historia de la humanidad, tal vez superior a los mil millones de dólares. Pero esta ronda democrática tiene algo nuevo que explícitamente comprueba que las elecciones aquí se tratan más de dólares que de votos. Hace justo dos años, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo en el caso Citizens United en el cual otorgó a empresas y a ricos el derecho a invertir montos ilimitados para influir en el proceso electoral, al determinar que las empresas son personas y por lo tanto gozan del derecho individual a la libre expresión. Aunque se mantienen límites estrictos sobre cuánto se puede donar a las campañas de candidatos individuales, no hay límite sobre gastos para promover o atacar a otros aspirantes, siempre y cuando no se haga en coordinación con una campaña especifica.
Los efectos de este fallo se vieron de inmediato en las elecciones legislativas y estatales de 2010, cuando al amparo de ese fallo de la Suprema Corte aparecieron nuevas entidades legales llamadas supercomités de acción política (Súper PAC), por donde se canalizan esos fondos sin límite, sobre todo en publicidad política. Según la Fundación Sunlight, los Súper PAC gastaron un total de 455 millones de dólares, de los cuales nunca se ha divulgado el origen de 126 millones, porque el Congreso no ha promovido una ley que obligue a reportar el origen de este tipo de contribuciones a los Súper PAC.
En el ciclo electoral presidencial de 2012 se espera que estos montos sean mucho mayores. Los Súper PAC ya han gastado hasta la fecha casi 30 millones de dólares (la elección es en noviembre).
El Sunlight, centro de investigaciones no partidista dedicado a dar seguimiento a este asunto, realizó una investigación de quiénes son los principales donantes de los procesos electorales federales a través de sus aportaciones a campañas, partidos, PAC y otros grupos. En 2010 descubrieron que poco menos de 27 mil individuos, un grupo muy reducido, contribuyeron cada uno con 10 mil dólares como mínimo, para un total de 774 millones de dólares. Cuando se trata de política, éstos son el 1 por ciento del 1 por ciento, afirma Sunlight.
“Creo que lo que uno ve en el sistema de financiamiento político es el acceso desigual y sin precedente de los ricos e influyentes a los que toman las decisiones en el gobierno. Son los que hacen las grandes contribuciones a las campañas… Ellos determinan quién se postula para los puestos y quién gana, qué hace el Congreso”, afirma Ellen Miller, de la Fundación Sunlight, en entrevista con Bill Moyers en su programa Moyers & Company.
Los ejecutivos e inversionistas que conforman este 1 por ciento del 1 por ciento en el financiamiento de la política están ligados con un número reducido de empresas. En 2010, de las 10 principales compañías, seis eran del sector financiero, encabezadas por ejecutivos de Goldman Sachs, seguidos por otros de Citigroup. Otras empresas cuyos empleados forman parte de este grupo de donantes son Microsoft, RJ Reynolds Tobacco, American International Group y Bear Stearns.
Esta compra del proceso político por medio de recursos para cabildear, contribuir a campañas y las guerras de propaganda política en los grandes medios por empresas, ejecutivos, abogados y cabilderos de los sectores más ricos de este país siempre ha existido, pero se ha vuelto aún más marcada y hasta explícita en las últimas décadas, y con el fallo de la Suprema Corte en 2010 ahora llega a niveles obscenos. Hasta el ex director de la oficina del presupuesto federal de Ronald Reagan, David Stockman, alerta que hoy día en Estados Unidos no tenemos ni capitalismo ni democracia. Tenemos un capitalismo clientelista.
La población repudia todo esto. Varias encuestas han registrado que la mayoría de ciudadanos opina que el gobierno federal no representa sus intereses ni comparte sus preocupaciones, y que hay demasiado dinero privado en las elecciones. Hay protestas por todo el país sobre este asunto, las cuales se han multiplicado durante los últimos meses mediante el movimiento Ocupa Wall Street, que repudia lo que llama el secuestro de la democracia por el 1 por ciento, y en sus manifestaciones se burla de un sistema con pancartas como no tengo con qué contratar a un cabildero, sólo tengo esta pancarta.
Es cierto que nada de esto es nuevo. Tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar, afirmó el humorista Will Rogers hace más de 70 años. El músico Frank Zappa afirmó hace un par de décadas que la política es la rama de entretenimiento de la industria. El cómico George Carlin tal vez resumió todo al afirmar que “los dueños de este país conocen la verdad: se llama el sueño americano porque uno tiene que estar dormido para creérselo”.
Pero quizás esta vez, por ser ahora tan extremo y obsceno, habrá un despertar; mientras tanto, por ahora hay una pausa en esta democracia mientras se ofrece otro mensaje más de sus patrocinadores empresariales. Como afirma el dicho básico para todo periodista, detective y cualquiera que desea descubrir los misterios del poder: follow the money.
Ricos, impuestos y evasión fiscal. Sam Pizzigati es editor de Too Much, el semanario online sobre excesos y desigualdades publicado por el Institute for Policy Studies de Washington, D.C. Sin Permiso
Widespread protests against austerity measures began in May, with occupations of squares in several cities. There were credible reports of excessive use of force by police in dispersal operations in Madrid and elsewhere between May and August. Accusations of excessive force also marred a protest against the Pope’s visit to Madrid in mid-August.
New immigration regulations in June ensured that undocumented migrant women who report domestic violence do not risk immediate expulsion. The rules make it easier for parents of children with Spanish citizenship to obtain residency permits, facilitate residency for unaccompanied migrant children at 18-years-old, and create a presumption in age-dispute cases that the individual is a child. The Ombuds Institute nonetheless criticized age-determination practices in September and recommended procedural reforms.
In February ECRI expressed continuing concerns about insufficient application of criminal provisions to combat racially motivated crimes, inadequate data collection on racism and discrimination, and ethnic profiling of migrants by police. The UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) echoed these concerns in April. A comprehensive government-proposed non-discrimination bill was before parliament at this writing.
In March the CPT repeated its call for reform of incommunicado detention for suspects of serious crimes such as terrorism, including access to a lawyer from the outset of detention and the right to examination by a doctor of choice. In July the Ombuds Institute also recommended improving safeguards in incommunicado detention.
Spain extradited Belgian-Moroccan citizen Ali Aarrass to Morocco in December 2010 to face terrorism charges, despite a binding order from the CAT in November to suspend extradition while it examined the case.
In October 2011 the violent Basque separatist group ETA announced it would give up its 43-year armed struggle.
El 15-M: falsos amigos, enemigos externos: Carlos Taibo
8 argumentos sobre Megaupload: Ignacio Escolar.Público 23-1-12
1. Ser grande, gordo y excéntrico no es delito. La bondad o maldad de Megaupload es un debate donde poco importa que su fundador llevase vida de estrella del rock.
2. Es cínico defender a Megaupload como si fuese un inocente servicio de almacenaje de archivos en la nube. La mayoría de los que pagaban por sus cuentas premium no lo hacía para guardar sus ficheros –hay otros servicios similares que son gratis–, sino para ver películas y descargar archivos pirateados.
3. Esta empresa no sólo cobraba por acceder sin restricciones a su almacén, sino que pagaba cifras significativas a los uploaders: los usuarios más activos, que subían a sus servidores las películas o series más deseadas. Era la recompensa para el que se mete en el cine con una cámara de vídeo para subir un estreno a Internet. Si la piratería exige ánimo de lucro, aquí lo había; otra cosa es el P2P.
4. Si el FBI ha podido actuar contra Megaupload con la legislación vigente, ¿para qué hace falta aprobar leyes extraordinarias y lesivas para otros derechos fundamentales, como la estadounidense SOPA o nuestra ley Sinde?
6. El gran número de abonados de Megaupload demuestra que es falso que en Internet triunfe el “todo gratis”. Además de lo que ya cuesta un ADSL, la gente está dispuesta a pagar por los contenidos si el precio es razonable. Ya pasa con la música, con aplicaciones como Spotify. ¿A qué espera el cine para ofrecer un servicio similar?
7. Perseguir los presuntos delitos de Megaupload es compatible con devolver los archivos privados a los usuarios legales de esta web. También los hay.
8. Mi enhorabuena al FBI por la operación. ¿Para cuándo otra contra los paraísos fiscales o la megaconspiración financiera?
Conferencia Global por un mundo libre de nucleares: Crisis Energética
Se impide a Vermont clausura planta nuclear Vermont Yankee. Democracy Now.
Un juez federal impidió que Vermont clausurara la planta de energía nuclear Vermont Yankee al vencimiento de su permiso en marzo próximo. El Senado de Vermont aprobó negar a la compañía una nueva licencia para operar en el año 2010; sin embargo, la Comisión Reguladora Nuclear, organismo federal, extendió el permiso de la planta durante los días posteriores a la crisis nuclear de Fukushima, el año pasado. El jueves, el juez federal estadounidense J. Garvan Murtha dejó sin efecto la iniciativa de Vermont y sostuvo que solamente las autoridades federales pueden regular la seguridad nuclear. La planta de Vermont Yankee es una de las más viejas del país y ha sufrido una serie de filtraciones de tritio radioactivo. Se espera que funcionarios de Vermont apelen el fallo.
