Brufau cobró 7,08 M/E de Repsol en 2.011. El Consejo de administración en su conjunto 16,3. 5,3 M/€ más que en 2.010.
Repsol, demogagia i corporativismo liberal.Jorge Fonseca, Catedrático EU de Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, miembro del Consejo Científico de ATTAC
Lo que resulta llamativo es la generalizada defensa de Repsol y la posición del gobierno -por convicción neoliberal, sumisión o miedo al despido-, por parte de analistas, académicos y tertulianos de los principales medios, que han hecho gala de pensamiento.
Los medios alternativos, las redes sociales e incluso los seguidores de foros de los medios públicos han mostrado la distancia que hay entre el establishment y la sociedad, foso que muestra la debilidad democrática en suma. En vez de procesar los datos de la realidad, la mayoría ha reaccionado como si la expropiación por razones de interés público fuese un acto ilegal en cualquier país, cuando forma parte del ordenamiento legal español (lo establece el artículo 33.3 de la Constitución española y tiene antecedentes de aplicación en la expropiación de Rumasa en los ochenta) al igual que del argentino.
La nacionalización de YPF, filial de Repsol, por el gobierno de Argentina. Alberto Garzón Espinosa, diputado IU, Málaga.
Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.
YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y extranjero)
El crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.
Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.
¿Qué hay detrás de la telenovela de Repsol YPF? Pues una historia de privatizaciones, entrega de la soberanía energética e intereses privados para ordeñar con velocidad las limitadas reservar de hidrocarburos de Argentina.
El problema, y una de las razones por la que se ha llegado a esta crisis, es que en ese momento las reservas de crudo argentino se estimaban en unos 15 años y Repsol sólo ha vaciado los pozos y maximizado ganancias exportando la mayoría del petróleo.
La senadora María Eugenia Estenssoro, hija del último director de YPF antes de que la comprara Repsol, es muy crítica del Gobierno y de Repsol, por haber vaciado YPF. Fue durísima con Menem por regalar “un activo estratégico del país” y ahora lo es con lo ocurrido en los últimos años: “(…)El contrato societario firmado por Repsol y el Grupo Eskenazi el 21 de febrero de 2008 -publicado desde entonces en la página de la Comisión Nacional de Valores (CNV)- obliga a los accionistas a distribuir el 90% de las utilidades anuales, cuando lo usual es el 25 por ciento. Este mecanismo permitió que ‘el amigo argentino’ [Eskenazi] comprara su parte en la empresa con los dividendos de la propia compañía. (…) Pregunto: si se acordó retirar prácticamente el total de las ganancias cada año, ¿con qué dinero se esperaba financiar la reposición de reservas y la ampliación de la producción? Repsol aceptó el acuerdo sin protestar, porque así emprendía la retirada con los bolsillos llenos y silbando bajito. Además, esta práctica depredadora la utilizó en la Argentina desde el inicio. Entre 2003 y 2007 repatrió el 97% de las utilidades de la empresa. Toda esta información está en los balances públicos”.
Repsol no es España: Juan Torres lópez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Lo que está haciendo el gobierno es patético y se debe decir claramente: no está defendiendo los intereses de España y de sus ciudadanos, como dice, sino de una gran empresa a la que España, el bienestar de su población o la situación de las empresas que verdaderamente están aquí tratando de sacar adelante la actividad y el empleo sin gozar del apoyo y los privilegios de Repsol, le importan un rábano en el día a día de sus actuaciones
Ya está bien de tanto teatro y de tanta sumisión ante los grandes. Lo que necesitamos en España no son precisamente repsoles que se dediquen a ganar dinero a espuertas en Argentina y otros países a base de mal explotar sus recursos, de evadir impuestos y expatriar beneficios a paraísos fiscales, sino un gobierno digno que se plante ante quienes de verdad están llevando a la ruina a la economía española.
La nacionalización de YPF (I): “Nuestras empresas” y la “seguridad jurídica” Pedro Ramiro OMAL Observatorio de Multinacionales en América Latina.
¿Son Repsol y otras corporaciones transnacionales como Telefónica, BBVA o Iberdrola “nuestras empresas”? En la última década, hemos visto cómo en muchas ocasiones los principales medios de comunicación y los gobernantes españoles se referían así a las grandes corporaciones cuya sede central se encuentra en el Estado español: «Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás», decían desde el gobierno de Zapatero hace tres años. Y es que, según el discurso oficial, la internacionalización de “nuestras multinacionales” es una de las principales fuentes de riqueza para este país. En base a ese argumento, habría que defenderlas por encima de todo y dar por sentada la máxima de que «lo que es bueno para ‘nuestras empresas’ es bueno para la población española».
Por citar sólo un dato: Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 millones de euros en 2011.
Repsol ha sido acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, contaminar el territorio mapuche en Argentina y el Parque Nacional Yasuni en Ecuador, violar los derechos humanos en Colombia y, en el caso de Argentina, la compañía ha causado importantes y persistentes impactos sobre el ambiente, la vida y la cultura de sus habitantes, en especial de las comunidades indígenas en cuyos territorios opera. Además, con el apoyo de los organismos internacionales, Repsol obtuvo una posición de absoluto control de la energía que ha aprovechado para implementar una infraestructura que ha favorecido el uso irracional de los recursos; la empresa elevó las tarifas del mercado argentino a los precios internacionales, olvidando sus costos y dejando a grandes sectores de la población sin posibilidad de acceder a la energía. ¿Puede hablarse así de “desarrollo”?
Petróleo y mineria: como una maestra jardinera
Editorial Le Monde Diplomatique Sudamérica Abril 2012
YPF-Repsol y la guerra de los tahúres. Carlos Abel Juárez, María Julia Bertomeu, G. Buster, – miembros del Comité de Redacción de Sin Permiso -, y Antoni Domènech, Editor General. Sin Permiso 16-4-12
El conflicto por el 24,55% de las acciones en juego de Repsol en YPF puede acabar afectando no solo al conjunto de la inversión española en Argentina, sino también en toda America Latina. El síndrome de la “seguridad jurídica” de la derecha española surge directamente de su experiencia traumática de la crisis argentina de 2001, cuando frente a la intervención de la banca española en Argentina, Aznar solo pudo recurrir a la presión de EE UU, ante la incapacidad de reacción de la UE: eso, y no otra cosa, es lo que propició el giro “atlantista” que desembocó en la foto de las Azores, la participación en la Guerra de Irak y la manifiesta displicencia hacia el núcleo de la “vieja Europa”.
YPF, un hostigamiento por motivos políticos, no técnicos. Mariano Marzo.El País 5-4-12
Sin duda, desde una perspectiva técnica, el contencioso suscitado en torno a YPF debe analizarse en el contexto de la metamorfosis energética acaecida en Argentina en los últimos años. Entre 2002 y 2010 el país ha experimentado un crecimiento del PIB del 8% anual, favorecido por unos precios de los productos energéticos en general, y de los productos petrolíferos y del gas natural en particular, artificialmente bajos. En el transcurso del período citado, la tasa anual de crecimiento de la demanda de productos energéticos ha sido muy alta: 5% para la electricidad, 4% para el gas oil, 7% para las gasolinas y 4% para el gas natural.
La “Marca España” es la “Marca REPSOL” (y viceversa) Miguel Romero. Viento Sur.
Ecologistas en Acción se muestra favorable a la expropiación el 50’01% de las acciones de YPF por parte del Gobierno argentino a costa del 57’46% que le pertenecen a Repsol. Este es un paso necesario en el avance hacia un mundo post-petrolero más justo.
Ecologistas en Acción considera que es imposible avanzar hacia un mundo post-petrolero mientras el control de los campos y de la actividad petrolera esté en manos de empresas privadas. De este modo, el control público que una empresa como YPF es un paso adelante.
Por último, Repsol no es una empresa “española”, sino que es una empresa de sus accionistas. No existe ningún control público sobre sus actividades, ni sus beneficios redundan en la ciudadanía española de forma significativa. Además el 42’00% de las acciones está en manos de fondos de inversión que no tienen su sede en España, a lo que hay que sumar el 9’48% que está en manos de Pemex. Es decir, más de un 50% de la compañía pertenece a personas o entidades radicadas en terceros países.
Para Ecologistas en Acción, la defensa de los intereses de Repsol por parte del Gobierno solo puede ser explicada por una visión colonialista de las relaciones internacionales y por la supeditación de las instituciones públicas a los intereses privados de las empresas, en este caso Repsol.
YPF, pasado y futuro. Nicolás Gadano, economista, autor de Historia del petróleo en Argentina (Edhasa).Le Monde Diplomatique Abril 2012
Más de la mitad de la propiedad de Repsol es extranjera y además es la segunda empresa española con más presencia en paraísos fiscales (12 filiales en las Islas Caimán y una en Liberia). ¿Es esto una empresa “española”, como para que merezca las amenazas tan flagrantes del gobierno español al gobierno argentino, por una amenaza de retrocesión de una privatización previa que muchos juzgaron escandalosa y vendepatria por parte del gobierno argentino de Eduardo Menem?
Hace ya tiempo que nos expropiaron Repsol; concretamente entre 1989 y 1997, cuando Felipe González y Aznar se la quitaron de encima vendiéndola al peso. Tal sucedió con otras importantes empresas de sectores estratégicos, como Telefónica o Endesa, todos imperios boyantes que obtienen cada año beneficios de miles de millones que no acaban en las arcas públicas
Ver “conflictos-abusos” de Repsol en el mundo entero en:
La Banca Armada. Inversiones explosivas de los Bancos y Cajas. Informe del Centre JM Delás de estudios por la Pas de Justícia i Pau. Jordi Calvo Rufanges · Técnico e investigador del Centro Delàs de estudios por la Paz.
El BBVA es el segundo banco del mundo que más dinero ha prestado para la producción de armamento.
El Santander se sitúa en cuarto lugar.
Bankia, Liberbank, Barclays Bank y Banca Cívica, destacan en cuanto a su participación accionarial en empresas de armas españolas
La manera más directa que tienen los bancos y cajas de ayudar a las empresas de armas es concederles créditos y préstamos
Existen cinco formas de financiar las empresas de armas: la participación accionarial, la financiación de exportaciones, la emisión de bonos y pagarés, los fondos de inversión y los créditos o préstamos
Los bancos analizados son aquellos que operan en España, bien sean españoles o extranjeros
En este informe, las empresas de armas con mayor número de operaciones de la banca armada son las que producen bombas de racimo, minas antipersonal y armas nucleares
Reino de España, bienvenidos al Cuatrienio Negro. A Domènech, G Buster, D Raventós.Sin PermisoMarzo 2012
La apuesta de Rajoy implica un enfrentamiento sin muchos aliados con Merckel. A favor de esta apuesta espera contar con el incumplimiento de muchos de los países de la eurozona y, paradójicamente, con la posible victoria del candidato socialista en Francia, Hollande, que ha anunciado su oposición a la actual política de “Merckozy”. Pero por el momento, a pesar de la carta firmada por 12 primeros ministros a Barroso, Merckel es capaz de seguir imponiendo su disciplina germánica al conjunto de las instituciones comunitarias, sellada en el Tratado de Estabilidad Presupuestaria, que exige no solo la constitucionalización nacional de un máximo de déficit estructural del 0,5%, sino que crea un mecanismo de control ex ante de los presupuestos de los estados miembros por parte de la Comisión y un consejo fiscal europeo, supuestamente independiente, para hacer el seguimiento del mismo. Del Consejo europeo del 30 de enero al del 2 de marzo, Rajoy ha dejado de ser el socio fiable del ajuste europeo que iba a recuperar el papel central de la España de Aznar en el proceso de toma de decisiones comunitario. Una evolución del principismo al posibilismo neoliberal. Este giro estratégico operado en dos meses debe contrapesarse con el alcance interno de las medidas presupuestarias adoptadas por el reciente Consejo de Ministros. Porque el segundo ajuste adicional de 15.000 millones implica una caída de la demanda interna del 4,6%, 630.000 parados más (24,3%), una reducción del gasto público del 11,5% y confirmar la contracción del PIB del -1,7% adelantada por el FMI. Es más, no hay ninguna garantía de que estas previsiones alcancen su objetivo, por los efectos multiplicadores negativos de la recesión y que en junio, si no gana la apuesta Rajoy de un cambio en la orientación económica impuesta por Merckel, no se vea obligado a una rectificación con un ajuste adicional de otros 25.000 millones de euros en 2013.
Pasado un año los medios tienden a minimizar los daños causados per el terremoto primero y el tsunami después, en la central nucelar de Fukushima. Hablan de recuperación de la insdustria nuclear que ya campea el temporal con la decisión norteamericana de construir dos nuevos reactores. Sin embargo no parecen querer recordar dos cuestiones clave: que es imposible preveer todas las causas que pueden originar un accidente nuclear y que en consecuencia es imposible diseñar una central nuclear aceptablemente segura.
Os invito a ver el vídeo que en su día grabó SICOM a François Días Maurin, ingeniero civil con experiencia en los proyectos a gran escala en empresas nucleares norteamericanas y francesas. Recientemente se unió al grupo de investigación “Integrated Assessment l’ICTA-UAB” y trabaja con Mario Giampietro sobre cuestiones relacionadas con el suministro de energía.
Es imposible diseñar una central nuclear aceptablmente segura.
Desahucios
Ayúdanos - a SICOM y Namuss Films- a financiar el documental La Plataforma dedicado a denuciar hechos, reclamar derechos y proponer soluciones a la situación de loos desahuciados y futuros amenazados: dación en pago, alquiler social, ILP por una nueva Ley de la Vivienda, Stop Desahucios.
Michael Hudson is a Wall Street financial analyst and Distinguished Research Professor of Economics at the University of Missouri (Kansas City).
The easiest way to understand Europe’s financial crisis is to look at the solutions being proposed to resolve it. They are a banker’s dream, a grab bag of giveaways that few voters would be likely to approve in a democratic referendum. Bank strategists learned not to risk submitting their plans to democratic vote after Icelanders twice refused in 2010-11 to approve their government’s capitulation to pay Britain and the Netherlands for losses run up by badly regulated Icelandic banks operating abroad. Lacking such a referendum, mass demonstrations were the only way for Greek voters to register their opposition to the €50 billion in privatization sell-offs demanded by the European Central Bank (ECB) in autumn 2011.
The problem is that Greece lacks the ready money to redeem its debts and pay the interest charges. The ECB is demanding that it sell off public assets – land, water and sewer systems, ports and other assets in the public domain, and also cut back pensions and other payments to its population. The “bottom 99%” understandably are angry to be informed that the wealthiest layer of the population is largely responsible for the budget shortfall by stashing away a reported €45 billion of funds stashed away in Swiss banks alone. The idea of normal wage-earners being obliged to forfeit their pensions to pay for tax evaders – and for the general un-taxing of wealth since the regime of the colonels – makes most people understandably angry. For the ECB, EU and IMF “troika” to say that whatever the wealthy take, steal or evade paying must be made up by the population at large is not a politically neutral position. It comes down hard on the side of wealth that has been unfairly taken.
A democratic tax policy would reinstate progressive taxation on income and property, and would enforce its collection – with penalties for evasion. Ever since the 19th century, democratic reformers have sought to free economies from waste, corruption and “unearned income.” But the ECB “troika” is imposing a regressive tax – one that can be imposed only by turning government policy-making over to a set of unelected “technocrats.”
To call the administrators of so anti-democratic a policy “technocrats” seems to be a cynical scientific-sounding euphemism for financial lobbyists or bureaucrats deemed suitably tunnel-visioned to act as useful idiots on behalf of their sponsors. Their ideology is the same austerity philosophy that the IMF imposed on Third World debtors from the 1960s through the 1980s. Claiming to stabilize the balance of payments while introducing free markets, these officials sold off export sectors and basic infrastructure to creditor-nation buyers. The effect was to drive austerity-ridden economies even deeper into debt – to foreign bankers and their own domestic oligarchies.
This is the treadmill on which Eurozone social democracies are now being placed. Under the political umbrella of financial emergency, wages and living standards are to be scaled back and political power shifted from elected government to technocrats governing on behalf of large banks and financial institutions. Public-sector labor is to be privatized – and de-unionized, while Social Security, pension plans and health insurance are scaled back.
This is the basic playbook that corporate raiders follow when they empty out corporate pension plans to pay their financial backers in leveraged buyouts. It also is how the former Soviet Union’s economy was privatized after 1991, transferring public assets into the hands of kleptocrats, who worked with Western investment bankers to make the Russian and other stock exchanges the darlings of the global financial markets. Property taxes were scaled back while flat taxes were imposed on wages (a cumulative 59 percent in Latvia). Industry was dismantled as land and mineral rights were transferred to foreigners, economies driven into debt and skilled and unskilled labor alike was obliged to emigrate to find work.
Pretending to be committed to price stability and free markets, bankers inflated a real estate bubble on credit. Rental income was capitalized into bank loans and paid out as interest. This was enormously profitable for bankers, but it left the Baltics and much of Central Europe debt strapped and in negative equity by 2008. Neoliberals applaud their plunging wage levels and shrinking GDP as a success story, because these countries shifted the tax burden onto employment rather than property or finance. Governments bailed out banks at taxpayer expense.
It is axiomatic that the solution to any major social problem tends to create even larger problems – not always unintended! From the financial sector’s vantage point, the “solution” to the Eurozone crisis is to reverse the aims of the Progressive Era a century ago – what John Maynard Keynes gently termed “euthanasia of the rentier” in 1936. The idea was to subordinate the banking system to serve the economy rather than the other way around. Instead, finance has become the new mode of warfare – less ostensibly bloody, but with the same objectives as the Viking invasions over a thousand years ago, and Europe’s subsequent colonial conquests: appropriation of land and natural resources, infrastructure and whatever other assets can provide a revenue stream. It was to capitalize and estimate such values, for instance, that William the Conqueror compiled the Domesday Book after 1066, a model of ECB and IMF-style calculations today.
This appropriation of the economic surplus to pay bankers is turning the traditional values of most Europeans upside down. Imposition of economic austerity, dismantling social spending, sell-offs of public assets, de-unionization of labor, falling wage levels, scaled-back pension plans and health care in countries subject to democratic rules requires convincing voters that there is no alternative. It is claimed that without a profitable banking sector (no matter how predatory) the economy will break down as bank losses on bad loans and gambles pull down the payments system. No regulatory agencies can help, no better tax policy, nothing except to turn over control to lobbyists to save banks from losing the financial claims they have built up.
What banks want is for the economic surplus to be paid out as interest, not used for rising living standards, public social spending or even for new capital investment. Research and development takes too long. Finance lives in the short run. This short-termism is self-defeating, yet it is presented as science. The alternative, voters are told, is the road to serfdom: interfering with the “free market” by financial regulation and even progressive taxation.
There is an alternative, of course. It is what European civilization from the 13th-century Schoolmen through the Enlightenment and the flowering of classical political economy sought to create: an economy free of unearned income, free of vested interests using special privileges for “rent extraction.” At the hands of the neoliberals, by contrast, a free market is one free for a tax-favored rentier class to extract interest, economic rent and monopoly prices.
Rentier interests present their behavior as efficient “wealth creation.” Business schools teach privatizers how to arrange bank loans and bond financing by pledging whatever they can charge for the public infrastructure services being sold by governments. The idea is to pay this revenue to banks and bondholders as interest, and then make a capital gain by raising access fees for roads and ports, water and sewer usage and other basic services. Governments are told that economies can be run more efficiently by dismantling public programs and selling off assets.
Never has the gap between pretended aim and actual effect been more hypocritical. Making interest payments (and even capital gains) tax-exempt deprives governments of revenue from the user fees they are relinquishing, increasing their budget deficits. And instead of promoting price stability (the ECB’s ostensible priority), privatization increases prices for infrastructure, housing and other costs of living and doing business by building in interest charges and other financial overhead – and much higher salaries for management. So it is merely a knee-jerk ideological claim that this policy is more efficient simply because privatizers do the borrowing rather than government.
There is no technological or economic need for Europe’s financial managers to impose depression on much of its population. But there is a great opportunity to gain for the banks that have gained control of ECB economic policy. Since the 1960s, balance-of-payments crises have provided opportunities for bankers and liquid investors to seize control of fiscal policy – to shift the tax burden onto labor and dismantle social spending in favor of subsidizing foreign investors and the financial sector. They gain from austerity policies that lower living standards and scale back social spending. A debt crisis enables the domestic financial elite and foreign bankers to indebt the rest of society, using their privilege of credit (or savings built up as a result of less progressive tax policies) as a lever to grab assets and reduce populations to a state of debt dependency.
The kind of warfare now engulfing Europe is thus more than just economic in scope. It threatens to become a historic dividing line between the past half-century’s epoch of hope and technological potential to a new era of polarization as a financial oligarchy replaces democratic governments and reduces populations to debt peonage.
For so bold an asset and power grab to succeed, it needs a crisis to suspend the normal political and democratic legislative processes that would oppose it. Political panic and anarchy create a vacuum into which grabbers can move quickly, using the rhetoric of financial deception and a junk economics to rationalize self-serving solutions by a false view of economic history – and in the case of today’s ECB, German history in particular.
A central bank that is blocked from acing like one
Governments do not need to borrow from commercial bankers or other lenders. Ever since the Bank of England was founded in 1694, central banks have printed money to finance public spending. Bankers also create credit freely – when they make a loan and credit the customer’s account, in exchange for a promissory note bearing interest. Today, these banks can borrow reserves from the government central bank at a low annual interest rate (0.25% in the United States) and lend it out at a higher rate. So banks are glad to see the government’s central bank create credit to lend to them. But when it comes to governments creating money to finance their budget deficits for spending in the rest of the economy, banks would prefer to have this market and its interest return for themselves.
European commercial banks are especially adamant that the European Central Bank should not finance government budget deficits. But private credit creation is not necessarily less inflationary than governments monetizing their deficits (simply by printing the money needed). Most commercial bank loans are made against real estate, stocks and bonds – providing credit that is used to bid up housing prices, and prices for financial securities (as in loans for leveraged buyouts).
It is mainly government that spends credit on the “real” economy, to the extent that public budget deficits employ labor or are spent on goods and services. If governments avoid paying interest by having their central banks printing money on their own computer keyboards rather than borrowing from banks that do the same thing on their own keyboards. (Abraham Lincoln simply printed currency when he financed the U.S. Civil War with “greenbacks.”)
Banks would like to use their credit-creating privilege to obtain interest for lending to governments to finance public budget deficits. So they have a self-interest in limiting the government’s “public option” to monetize its budget deficits. To secure a monopoly on their credit-creating privilege, banks have mounted a vast character assassination on government spending, and indeed on government authority in general – which happens to be the only authority with sufficient power to control their power or provide an alternative public financial option, as Post Office savings banks do in Japan, Russia and other countries. This competition between banks and government explains the false accusations made that government credit creation is more inflationary than when commercial banks do it.
The reality is made clear by comparing the ways in which the United States, Britain and Europe handle their public financing. The U.S. Treasury is by far the world’s largest debtor, and its largest banks seem to be in negative equity, liable to their depositors and to other financial institutions for much larger sums that can be paid by their portfolio of loans, investments and assorted financial gambles. Yet as global financial turmoil escalates, institutional investors are putting their money into U.S. Treasury bonds – so much that these bonds now yield less than 1%. By contrast, a quarter of U.S. real estate is in negative equity, American states and cities are facing insolvency and must scale back spending. Large companies are going bankrupt, pension plans are falling deeper into arrears, yet the U.S. economy remains a magnet for global savings.
Britain’s economy also is staggering, yet its government is paying just 2% interest. But European governments are now paying over 7%. The reason for this disparity is that they lack a “public option” in money creation. Having a Federal Reserve Bank or Bank of England that can print the money to pay interest or roll over existing debts is what makes the United States and Britain different from Europe. Nobody expects these two nations to be forced to sell off their public lands and other assets to raise the money to pay (although they may do this as a policy choice). Given that the U.S. Treasury and Federal Reserve can create new money, it follows that as long as government debts are denominated in dollars, they can print enough IOUs on their computer keyboards so that the only risk that holders of Treasury bonds bear is the dollar’s exchange rate vis-à-vis other currencies.
By contrast, the Eurozone has a central bank, but Article 123 of the Lisbon treaty forbids the ECB from doing what central banks were created to do: create the money to finance government budget deficits or roll over their debt falling due. Future historians no doubt will find it remarkable that there actually is a rationale behind this policy – or at least the pretense of a cover story. It is so flimsy that any student of history can see how distorted it is. The claim is that if a central bank creates credit, this threatens price stability. Only government spending is deemed to be inflationary, not private credit!
The Clinton Administration balanced the U.S. Government budget in the late 1990s, yet the Bubble Economy was exploding. On the other hand, the Federal Reserve and Treasury flooded the economy with $13 trillion in credit to the banking system credit after September 2008, and $800 billion more last summer in the Federal Reserve’s Quantitative Easing program (QE2). Yet consumer and commodity prices are not rising. Not even real estate or stock market prices are being bid up. So the idea that more money will bid up prices (MV=PT) is not operating today.
Commercial banks create debt. That is their product. This debt leveraging was used for more than a decade to bid up prices – making housing and buying a retirement income more expensive for Americans – but today’s economy is suffering from debt deflation as personal income, business and tax revenue is diverted to pay debt service rather than to spend on goods or invest or hire labor.
Much more striking is the travesty of German history that is being repeated again and again, as if repetition somehow will stop people from remembering what actually happened in the 20th century. To hear ECB officials tell the story, it would be reckless for a central bank to lend to government, because of the danger of hyperinflation. Memories are conjured up of the Weimar inflation in Germany in the 1920s. But upon examination, this turns out to be what psychiatrists call an implanted memory – a condition in which a patient is convinced that they have suffered a trauma that seems real, but which did not exist in reality.
What happened back in 1921 was not a case of governments borrowing from central banks to finance domestic spending such as social programs, pensions or health care as today. Rather, Germany’s obligation to pay reparations led the Reichsbank to flood the foreign exchange markets with deutsche marks to obtain the currency to buy pounds sterling, French francs and other currency to pay the Allies – which used the money to pay their Inter-Ally arms debts to the United States. The nation’s hyperinflation stemmed from its obligation to pay reparations in foreign currency. No amount of domestic taxation could have raised the foreign exchange that was scheduled to be paid.
By the 1930s this was a well-understood phenomenon, explained by Keynes and others who analyzed the structural limits on the ability to pay foreign debt imposed without regard for the ability to pay out of current domestic-currency budgets. From Salomon Flink’s The Reichsbank and Economic Germany (1931) to studies of the Chilean and other Third World hyperinflations, economists have found a common causality at work, based on the balance of payments. First comes a fall in the exchange rate. This raises the price of imports, and hence the domestic price level. More money is then needed to transact purchases at the higher price level. The statistical sequence and line of causation leads from balance-of-payments deficits to currency depreciation raising import costs, and from these price increases to the money supply, not the other way around.
Today’s “free marketers” writing in the Chicago monetarist tradition (basically that of David Ricardo) leaves the foreign and domestic debt dimensions out of account. It is as if “money” and “credit” are assets to be bartered against goods. But a bank account or other form of credit means debt on the opposite side of the balance sheet. One party’s debt is another party’s saving – and most savings today are lent out at interest, absorbing money from the non-financial sectors of the economy. The discussion is stripped down to a simplistic relationship between the money supply and price level – and indeed, only consumer prices, not asset prices. In their eagerness to oppose government spending – and indeed to dismantle government and replace it with financial planners – neoliberal monetarists neglect the debt burden being imposed today from Latvia and Iceland to Ireland and Greece, Italy, Spain and Portugal.
If the euro breaks up, it is because of the obligation of governments to pay bankers in money that must be borrowed rather than created through their own central bank. Unlike the United States and Britain which can create central bank credit on their own computer keyboards to keep their economy from shrinking or becoming insolvent, the German constitution and the Lisbon Treaty prevent the central bank from doing this.
The effect is to oblige governments to borrow from commercial banks at interest. This gives bankers the ability to create a crisis – threatening to drive economies out of the Eurozone if they do not submit to “conditionalities” being imposed in what quickly is becoming a new class war of finance against labor.
Disabling Europe’s central bank to deprive governments of the power to create money
One of the three defining characteristics of a nation-state is the power to create money. A second characteristic is the power to levy taxes. Both of these powers are being transferred out of the hands of democratically elected representatives to the financial sector, as a result of tying the hands of government.
The third characteristic of a nation-state is the power to declare war. What is happening today is the equivalent of warfare – but against the power of government! It is above all a financial mode of warfare – and the aims of this financial appropriation are the same as those of military conquest: first, the land and subsoil riches on which to charge rents as tribute; second, public infrastructure to extract rent as access fees; and third, any other enterprises or assets in the public domain.
In this new financialized warfare, governments are being directed to act as enforcement agents on behalf of the financial conquerors against their own domestic populations. This is not new, to be sure. We have seen the IMF and World Bank impose austerity on Latin American dictatorships, African military chiefdoms and other client oligarchies from the 1960s through the 1980s. Ireland and Greece, Spain and Portugal are now to be subjected to similar asset stripping as public policy making is shifted into the hands of supra-governmental financial agencies acting on behalf of bankers – and thereby for the top 1% of the population.
When debts cannot be paid or rolled over, foreclosure time arrives. For governments, this means privatization selloffs to pay creditors. In addition to being a property grab, privatization aims at replacing public sector labor with a non-union work force having fewer pension rights, health care or voice in working conditions. The old class war is thus back in business – with a financial twist. By shrinking the economy, debt deflation helps break the power of labor to resist.
It also gives creditors control of fiscal policy. In the absence of a pan-European Parliament empowered to set tax rules, fiscal policy passes to the ECB. Acting on behalf of banks, the ECB seems to favor reversing the 20th century’s drive for progressive taxation. And as U.S. financial lobbyists have made clear, the creditor demand is for governments to re-classify public social obligations as “user fees,” to be financed by wage withholding turned over to banks to manage (or mismanage, as the case may be). Shifting the tax burden off real estate and finance onto labor and the “real” economy thus threatens to become a fiscal grab coming on top of the privatization grab.
This is self-destructive short-termism. The irony is that the PIIGS budget deficits stem largely from un-taxing property, and a further tax shift will worsen rather than help stabilize government budgets. But bankers are looking only at what they can take in the short run. They know that whatever revenue the tax collector relinquishes from real estate and business is “free” for buyers to pledge to the banks as interest. So Greece and other oligarchic economies are told to “pay their way” by slashing government social spending (but not military spending for the purchase of German and French arms) and shifting taxes onto labor and industry, and onto consumers in the form of higher user fees for public services not yet privatized.
In Britain, Prime Minister Cameron claims that scaling back government even more along Thatcherite-Blairite lines will leave more labor and resources available for private business to hire. Fiscal cutbacks will indeed throw labor out of work, or at least oblige it to find lower-paid jobs with fewer rights. But cutting back public spending will shrink the business sector as well, worsening the fiscal and debt problems by pushing economies deeper into recession.
If governments cut back their spending to reduce the size of their budget deficits – or if they raise taxes on the economy at large, to run a surplus – then these surpluses will suck money out of the economy, leaving less to be spent on goods and services. The result can only be unemployment, further debt defaults and bankruptcies. We may look to Iceland and Latvia as canaries in this financial coalmine. Their recent experience shows that debt deflation leads to emigration, shortening life spans, lower birth rates, marriages and family formation – but provides great opportunities for vulture funds to suck wealth upward to the top of the financial pyramid.
Today’s economic crisis is a matter of policy choice, not necessity. As President Obama’s chief of staff Rahm Emanuel quipped: “A crisis is too good an opportunity to let go to waste.” In such cases the most logical explanation is that some special interest must be benefiting. Depressions increase unemployment, helping to break the power of unionized as well as non-union labor. The United States is seeing a state and local budget squeeze (as bankruptcies begin to be announced), with the first cutbacks coming in the sphere of pension defaults. High finance is being paid – by not paying the working population for savings and promises made as part of labor contracts and employee retirement plans.
Big fish are eating little fish.
This seems to be the financial sector’s idea of good economic planning. But it is worse than a zero-sum plan, in which one party’s gain is another’s loss. Economies as a whole will shrink – and change their shape, polarizing between creditors and debtors. Economic democracy will give way to financial oligarchy, reversing the trend of the past few centuries.
Is Europe really ready to take this step? Do its voters recognize that stripping the government of the public option of money creation will hand the privilege over to banks as a monopoly? How many observers have traced the almost inevitable result: shifting economic planning and credit allocation to the banks?
Even if governments provide a “public option,” creating their own money to finance their budget deficits and supplying the economy with productive credit to rebuild infrastructure, a serious problem remains: how to dispose of the existing debt overhead now acts as a deadweight on the economy. Bankers and the politicians they back are refusing to write down debts to reflect the ability to pay. Lawmakers have not prepared society with a legal procedure for debt write-downs – except for New York State’s Fraudulent Conveyance Law, calling for debts to be annulled if lenders made loans without first assuring themselves of the debtor’s ability to pay.
Bankers do not want to take responsibility for bad loans. This poses the financial problem of just what policy-makers should do when banks have been so irresponsible in allocating credit. But somebody has to take a loss. Should it be society at large, or the bankers?
It is not a problem that bankers are prepared to solve. They want to turn the problem over to governments – and define the problem as how governments can “make them whole.” What they call a “solution” to the bad-debt problem is for the government to give them good bonds for bad loans (“cash for trash”) – to be paid in full by taxpayers. Having engineered an enormous increase in wealth for themselves, bankers now want to take the money and run – leaving economies debt ridden. The revenue that debtors cannot pay will now be spread over the entire economy to pay – vastly increasing everyone’s cost of living and doing business.
Why should they be “made whole,” at the cost of shrinking the rest of the economy? The bankers’ answer is that debts are owed to labor’s pension funds, to consumers with bank deposits, and the whole system will come crashing down if governments miss a bond payment. When pressed, bankers admit that they have taken out risk insurance – collateralized debt obligations and other risk swaps. But the insurers are largely U.S. banks, and the American Government is pressuring Europe not to default and thereby hurt the U.S. banking system. So the debt tangle has become politicized internationally.
So for bankers, the line of least resistance is to foster an illusion that there is no need for them to accept defaults on the unpayably high debts they have encouraged. Creditors always insist that the debt overhead can be maintained – if governments simply will reduce other expenditures, while raising taxes on individuals and non-financial business.
The reason why this won’t work is that trying to collect today’s magnitude of debt will injure the underlying “real” economy, making it even less able to pay its debts. What started as a financial problem (bad debts) will now be turned into a fiscal problem (bad taxes). Taxes are a cost of doing business just as paying debt service is a cost. Both costs must be reflected in product prices. When taxpayers are saddled with taxes and debts, they have less revenue free to spend on consumption. So markets shrink, putting further pressure on the profitability of domestic enterprises. The combination makes any country following such policy a high-cost producer and hence less competitive in global markets.
This kind of financial planning – and its parallel fiscal tax shift – leads toward de-industrialization. Creating ECB or IMF inter-government fiat money leaves the debts in place, while preserving wealth and economic control in the hands of the financial sector. Banks can receive debt payments on overly mortgaged properties only if debtors are relieved of some real estate taxes. Debt-strapped industrial companies can pay their debts only by scaling back pension obligations, health care and wages to their employees – or tax payments to the government. In practice, “honoring debts” turns out to mean debt deflation and general economic shrinkage.
This is the financiers’ business plan. But to leave tax policy and centralized planning in the hands of bankers turns out to be the opposite of what the past few centuries of free market economics have been all about. The classical objective was to minimize the debt overhead, to tax land and natural resource rents, and to keep monopoly prices in line with actual costs of production (“value”). Bankers have lent increasingly against the same revenues that free market economists believed should be the natural tax base.
So something has to give. Will it be the past few centuries of liberal free-market economic philosophy, relinquishing planning the economic surplus to bankers? Or will society re-assert classical economic philosophy and Progressive Era principles, and re-assert social shaping of financial markets to promote long-term growth with minimum costs of living and doing business?
At least in the most badly indebted countries, European voters are waking up to an oligarchic coup in which taxation and government budgetary planning and control is passing into the hands of executives nominated by the international bankers’ cartel. This result is the opposite of what the past few centuries of free market economics has been all about.
La oposición naciente – No dejeis de leer este fragmento.
Otra oposición es posible: los “benecomunisti”. En la democracia “extraña”, el Parlamento se vuelve un erial. Da esperanza, sin embargo, que la oposición extraparlamentaria siga, lentamente, sin prisa pero sin pausa, extramediática, madurando y compactándose sin dinero, desde abajo.
Los días 12 y 13 de junio de 2011, siendo Berlusconi aún presidente, 26 millones de ciudadanos italianos defendieron varios bienes públicos: el agua, servicios públicos locales, el No a las centrales nucleares, y la igualdad ante la ley. Desde entonces, en ese triunfo se basa un nuevo sujeto político. A finales de enero se ha celebrado en Nápoles un Fórum de Ayuntamientos por los bienes comunes, que asume como indispensable la creación de una plataforma política que defienda y aplique los resultados de ese referéndum ganado por esos 26 millones de ciudadanos ante otro ataque, esta vez en forma de decreto del gobierno Monti, que reproduce y recrudece la legislación que el gobierno Berlusconi quiso, pero no pudo imponer. Aquí se lee el informe introductorio de dicho Fórum, con propuestas de actuación muy concretas.
Los días 10, 11 y 12 de febrero en el marco del Teatro Valle Okupado, un bien público que estaba a punto de ser desmantelado, acogió la campaña europea por una Europa de los pueblos que construya una alternativa europea. Una constituyente europea desde abajo que responda a esa “revolución desde lo alto”, como la llama Etienne Balibar, que está sacudiendo Europa. Ya existe una Carta Europea de los Comunes. Poco a poco se va fraguando un concepto sencillo y convincente. Lo común. Un movimiento que apela al presente, al ecologismo social, evocando la tradición política comunista, agregando y no dividiendo.
Los que leísteis el Tsunami dedicado a los ‘bienes comunes’ estáis puestos en antecedentes así como quienes de vosotr@s conocíais el movimiento.
Está Alemania enamorada de sí misma: Cafe Steiner: José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencia Política en la UNED y director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations El País 17-2-12
“En el sur de Europa, y no sólo en Grecia, reina un ambiente amenazador que se dirige sobre todo contra Alemania”, se lee en Die Zeit, una rara excepción. “Casi setenta años después de la guerra, Alemania vuelve a ser vista como potencia enemiga”. “La política de austeridad impuesta por los mercados financieros y Angela Merkel tiene un precio: la desintegración de Europa, además de una larga depresión que a la larga acabará alcanzando a Alemania”, advierte.
Economía Ecológica
Una economía lenta para poner el planeta en forma: Antonio Cerrillo, La Vanguardia 19-2-12,habla de las ideas del economista Tim Jackson, profesor de la Universidad de Surrey, de Gran Bretaña, y que dirigió la Comisión para el Desarrollo Sostenible de este país (2004-2011). Jackson es autor del libro Prosperidad sin crecimiento – Icaria editorial -.
Violencia policial y política en Valencia: Cas Institut Lluís Vives
Observad la deplorable, desmesurada, e incalificable actuación policial
Esta es la policía que tenemos y esta la calidad democrática que garantiza: apañados estamos!
Una madre explica los hechos y denuncia los procedimientos policiales que se presentaron en su casa pasada la medianoche
Mónica Oltra, de ‘Compromís’, “carga” contras las abusivas, brutales e injustificables actuaciones policiales de Valencia, responsabilidad de la Delegada del Gobierno.
Jóvenes de entre 12 y 17 años, menores, años han sido apaleados, intimidados y fichados sin estar acompañados de sus padres.
Se está expulsando a poblaciones de sus tierras con dinero de todos nosotros:Periodismo Humano habla de y con Grain.
Grain ha sido recientement galardonada con el premio Nobel Alternativo por su lucha contra el acaparamiento de tierras, sobre todo por parte de multinacionales en países en desarrollo.
Más sanciones son igual a más corrupción, ocultamiento de datos reales del paro, de la inflación, culpar a los extranjeros de los males que padecen y aumentar la dependencia del país a los estados que esquivan el bloqueo.
Escribía David Broder, el 25 de mayo de 2011 en The HuffingtonPost: War with Iran will Save Economy, Obama Presidency.
¡Qué cambien ellos! Quienes se declaran protectors de los sirios deben demostrarlo con reformas en sus países! Jordi Vaqué. El País 13-2-12
En el caso de Catar, la apuesta por ser lo que Paul Salem denomina un hub geopolítico pasa desde hace un año por impulsar los procesos de cambio que sacuden al mundo árabe. En la última década, el rico emirato, que mantiene buenas relaciones tanto con Israel como con Irán, ha reforzado sus bazas y, además de albergar la sede de Al Yazira, cuenta con una diplomacia activa en la mediación en conflictos y el diálogo con los actores más dispares: en Catar, una base aérea estadounidense coexiste con la viuda de Sadam Husein y con una oficina de los talibanes afganos. Con la primavera árabe, Catar trocó su perfil mediador por uno intervencionista: campaña aérea en Libia, armas a los rebeldes, apoyo a nuevos líderes, partidos y asociaciones… El emir y su entorno no esconden sus simpatías islamistas, pero para ellos estas son perfectamente compatibles con una mayor democratización. Parten de la premisa de que las elecciones darán expresión política a un islamismo moderado que ya es mayoritario en la sociedad y, de momento, los resultados electorales en Túnez, Egipto y Marruecos parecen darles la razón. Ese apoyo a la democracia, sin embargo, no se aplica en casa, ni a las monarquías vecinas del Golfo.
El gran juego sirio: Ignacio Álvarez-Ossorio,profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y autor de Siria Contemporánea. El País 14-2-12
El terrorsimo en nombre de la democracia: artículo de Nadia Khost – en francés – recogido por Silvia Cattori.Khost denuncia el cinismo de occidente.L’intellectuelle Nadia Khost, figure très respectée et estimée en Syrie, est l’auteur de ce texte dense, brillant, porté par le souffle de son indignation vis-à-vis de ceux qui s’emploient aujourd’hui à détruire son pays et son indépendance.- Silvia Cattori
Expuestos por los secretarios de Defensa y Estado de EE.UU, Leon Panetta y Hillary Clinton, los “desafíos” del año guardan una relación kafkiana con las realidades del planeta.
La crisis no es el calentamiento global, ni los 40.000 muertes diarias por hambre y miseria, ni los 1,6 billones de dólares anuales que se gasta en ejércitos en un contexto de quiebra económica.
Los “desafíos estratégicos” son un ejército más pequeño pero mejor, más flexible y tecnológico (“smart defense”), el anunciado “fortalecimiento en Asia”, para contrarrestar el ascenso chino, compatibilizar esa mudanza de recursos con el mantenimiento de la presencia en Europa y las alianzas allá ( y en África y América Latina), y seguir siendo capaces de intervenir militarmente, “en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo”, Panetta dixit.
Las industrias más grandes del mundo están convergiendo en torno a la biomasa, anticipando un futuro después de la petroquímica. Eso no significa que solo están acaparando tierras y recursos naturales, también están invirtiendo en nuevas plataformas tecnológicas para transformar azúcares derivados devegetales (de cultivos alimentarios y fibrosos, algas, todo tipo de materia vegetal) en productos industriales. A partir de la
biomasa, se están creando nuevas constelaciones de convergencia corporativa que atraviesan diversos sectores industriales.
Cuatro ejemplos: DuPont, Solazyme, Evolva SA, Amyris.
147 compañías controlaron casi el 40% del valor monetario de todas las empresas trasnacionales del mundo en 2007.1
Este es el hallazgo de un nuevo estudio publicado en julio de 2011 por los investigadores del Instituto Federal de Tecnología de Suiza (ETH Zürich), con base en el análisis de 43 mil 060 empresas trasnacionales (ETN), localizadas en 116 países. Tan sólo 737 empresas sumaron el
80% del valor de todas las ETN.