En un artículo sobre la insensatez de unas políticas de austeridad que en lugar de remediar la crisis lo que hacen es perpetuarla, Paul Krugman señalaba que la parte fundamental de los recortes en gasto público recae sobre la educación, aunque “dejar sin trabajo a cientos de miles de maestros no parece el mejor modo de conquistar el futuro”. Continuar llegint: Enseñanza pública y democracia
Con asombro y el malestar propio de quien se ha sentido engañado por años, el mundo es testigo de la actual convulsión chilena. Tres meses de protestas, no ya contra el Gobierno del derechista Sebastián Piñera, sino contra el modelo económico, político y social impuesto tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Así es, porque el movimiento que el sistema chileno y sus altavoces mediáticos internacionales intentan reducir a mera protesta sectorial no se condice con la implicación profunda y transversal de toda la sociedad en estos meses de efervescencia. Tan claro es que no se trata de la reedición de otras protestas estudiantiles que el lema más coreado por unos jóvenes que no habían nacido cuando el dictador dejó el poder en 1990 no deja lugar a dudas: “Y va a caer, y va a caer, la educación de Pinochet”, repiten los estudiantes, pero también quienes con ellos protestan.
Con esa consigna los manifestantes han puesto al Chile aparentemente exitoso frente a su realidad. La de un país que, pese a cambios parciales, sigue anclado en una problemática socioeconómica similar a la de 1983, cuando al grito de “y va a caer”, la movilización popular estuvo a punto de tumbar un régimen que sólo se mantuvo por la represión. Ese año se saldó con el mayor número de víctimas en una década, entre otras cosas porque militares y carabineros disparaban a mansalva a los que como hoy hacían sonar sus cacerolas en plazas y esquinas.
Se exige así la caída de un modelo educativo que es fiel reflejo de un Chile al servicio de las grandes empresas y la maximización del beneficio –lucro–, sin importar si se comercia con bienes básicos o suntuarios. La educación chilena es la más cara del mundo. Según la OCDE –club de países ricos al que tanto empeño puso la élite chilena por asociarse–, el costo mensual de los estudios universitarios equivale al sueldo medio de la mayoría, por lo que las familias se endeudan de por vida. El modelo ultraliberal chileno las ha engañado durante años con la promesa de un avance social imposible en uno de los 20 países más desiguales del mundo, según su índice Gini. Esa desigualdad social se sustenta en el desequilibrio racial y cultural de un Chile de mayoría mestiza y latinoamericana gobernada por una élite racialmente blanca y culturalmente europea. Con esas condiciones de fondo, la burbuja financiera de la educación convertida en negocio no podía durar eternamente. Hinchadas por el peculiar sistema chileno, esperan su turno otras burbujas. Como la educación, los sistemas de salud y jubilación también han sido privatizados y operan como negocios y no como los servicios públicos que debería proveer un Estado hoy desertor de sus obligaciones.
Al exigir la caída de la “educación de Pinochet” se apela, además, al destierro de los valores implantados por la dictadura y los gobiernos que le siguieron: individualismo feroz, atomización social y descrédito de cualquier iniciativa colectiva. Por eso el paro nacional convocado por la modesta Central Unitaria de Trabajadores los días 24 y 25 de agosto fue más éxito que fracaso. Nunca en estas décadas de modelo chileno se había logrado semejante paralización parcial acompañada de una gran marcha popular. Eso teniendo en cuenta que la sindicalización en Chile apenas alcanza al 20% de los trabajadores y que la negociación colectiva es casi inexistente. Un éxito más de un movimiento amplio que el Gobierno y su aparato de propaganda intentan desacreditar magnificando los episodios de violencia. La única víctima mortal de esas jornadas de huelga, sin embargo, fue un menor al parecer baleado por un carabinero.
La salida a esta crisis de un modelo tanto tiempo puesto como ejemplo positivo y hoy en tela de juicio en el mundo entero no será fácil. Al recuperar una consigna de los años ochenta se apunta al origen espurio de un sistema político impuesto entonces y vigente sin cambios reales hasta ahora. El mismo sistema de cuyos registros electorales se excluye un 40% de los ciudadanos con derecho a voto, incluido el casi millón de chilenos que a casi cuatro décadas del golpe de Estado no se identifican tanto con el exilio político como con el económico. Chilenos que tienen claro que los 15.000 dólares de renta per cápita de la propaganda oficial no son reales en un país tan desigual.
Ese sistema político y la peculiar legislación electoral binominal facilita el empate perpetuo en escaños parlamentarios entre el centroderecha y el centroizquierda, independientemente del número de votos cosechados. Eso imposibilita los cambios a leyes pinochetistas, como la del sistema educativo y otras de igual importancia. A 20 años del final formal de la dictadura y un lustro de la muerte de Pinochet, muchos chilenos están hartos de un sistema que se ha mantenido por miedo al general y la conveniencia de unos políticos hoy repudiados en las encuestas. Por lo mismo, los manifestantes exigen una asamblea constituyente para refundar el sistema político con el objetivo de que sea cauce verdadero para la discusión pública de cuestiones tan importantes como la educación, la salud, el sistema previsional o la protección de un mediambiente también amenazado por el neoliberalismo. Quizás entonces Chile pueda dejar de ocultar al mundo y a sí mismo su problemática étnica, económica y social. Difícil empeño.
La segunda universidad más cara del mundo: Chile o las secuelas neoliberales en la educación
El problema en la educación existe. Pero donde los estudiantes ven un problema social, los políticos neoliberales ven -como los empresarios- una oportunidad de negocios.
El conflicto actual en la educación chilena, es la colisión frontal entre dos maneras de ver y analizar un mismo problema
Por un capricho o ironía de la historia o del destino, James Watson, comenzó sus estudios superiores becado por la Universidad de Chicago, la misma casa de estudios donde, dos décadas después, la conocida como Escuela de Chicago, sentó las bases teóricas del neoliberalismo. Víctima de los efectos del crack del ’29, Watson recibió esa beca que “cubría los derechos de matrícula” por lo que “sólo necesitaría de mi familia el montante de los dos pasajes diarios (a tres centavos cada uno) del tranvía” y él mismo reconoce que “no había entrado en la Universidad de Chicago a los 15 años debido a mi elevado CI” porque no era un “niño prodigio”. Es la época de Keynes y su New Deal y Watson es fruto de esa visión económica de política social. Sin ese primer respaldo ¿conoceríamos la estructura del ADN y su doble hélice? ¿Habría sido posible la revolución de la genética moderna?
Hacia la década del ’50 surge el dogma capitalista del neoliberalismo. Para Milton Friedman, su mentor, el estado sólo debe dedicar sus esfuerzos a la “protección de nuestras libertades, contra los enemigos del exterior y los del interior: defender la ley y el orden, garantizar los contratos privados y crear el marco para mercados competitivos”. El mismo Friedman plantea que únicamente el 10 o el 12 por ciento de los ingresos debieran generarse en el estado. Se trata de un postulado apoyado por otros economistas como William Niskanen, presidente del Cato Institute, y Michael Walker, presidente del Fraser Institute (socio canadiense del Cato). Walker opina que toda la superficie del planeta debería estar en manos privadas.
Se subentiende que la educación no escapa a esta calculada fiebre privatizadora. Edison Schools es la sociedad pionera, siendo la organización de gestión educativa más grande de los EEUU. Es liderada por el banquero Michael Moe quien cree que “cuanto mayor sea el problema, mayor será la oportunidad” y que no hay mejor oportunidad de inversión que “dirimir cuál es la mejor manera de educar al pueblo”.
Las marchas estudiantiles y la realidad económica
En Chile hoy se enfrentan Keynes (los estudiantes) con Friedman (el gobierno). Por una parte, una sociedad que cree que el Estado debe tener un rol social preponderante en la educación superior y, por la otra, el poder corporativo que sólo entiende el lenguaje neoliberal, peligroso en su fundamentalismo. En otras palabras, lo que se está definiendo, es la segunda parte de aquella etapa que se abrió con el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. Se trata de una lucha que definirá si el bien común seguirá siendo una responsabilidad de la sociedad o si este bien común quedará al arbitrio de la ambición egoísta y materialista que sólo entiende del afán de lucro.
Las universidades estatales chilenas, son las más caras de América Latina y sus cuotas son 19 veces mayores que las de Francia
Según se desprende del estudio del Centro de Economía Aplicada (CEA) de la Universidad de Chile, el país sudamericano destina 3, 14% del PIB a educación. Pilar Romaguera y Sebastián Gallegos, autores del estudio, señalan que en educación superior el estado sólo gasta 0, 3% del PIB, siendo la media OCDE 1, 0% del PIB. De los 3, 4 millones de estudiantes de nivel primario y secundario, 17, 24% asiste a establecimientos privados y 49, 66% a subvencionados. Esto significa que 58, 90% de los estudiantes de este nivel pagan por sus estudios. En Chile un tercio del gasto educacional recae sobre las familias (31, 19%) alcanzando los 4.614 millones de dólares anuales (3.179 millones de euros), correspondiente a 2, 7% del PIB.
En lo que se refiere a la educación superior, si tomamos como ejemplo dos carreras tipo como medicina e ingeniería comercial, tendremos que medicina, con siete años de malla curricular, cuesta 49.224 euros con un coste anual de 7.022 euros; mientras que ingeniería comercial, con cinco años de estudios, tiene un valor total de 31.460 euros con una anualidad de 6.292 euros. En Chile el salario mínimo es de 270 euros, por lo que la educación superior se financia con el endeudamiento.
Las reglas más o menos uniformes es que este crédito, con un interés anual en torno a 2%, se comienza a pagar transcurridos uno o dos años contados a partir del egreso de la carrera o de la fecha de la última matrícula.
Pero la privatización de la educación universitaria en Chile la ha llevado hasta niveles insostenibles. Según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) las “universidades estatales chilenas, reciben muy pocas aportaciones del Estado en comparación con otros países, son las más caras de América Latina y sus cuotas triplican las de Italia, cuadruplican las de España, quintuplican las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia” y considerando los valores costo/ingresos los aranceles son los más altos “después de Estados Unidos’
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Chile: ¡No aflojen, cabros!
Manuel Cabieses, director revista Punto Final
Sin Permiso 07/08/11
Frustración e indignación produjo la propuesta que entregó el ministro de Educación, Felipe Bulnes Serrano, a los estudiantes universitarios y secundarios y al Colegio de Profesores. Se esperaba mucho más, un documento que estuviera a la altura de la magnitud y complejidad del problema y que se hiciera cargo de abordarlo a fondo, para iniciar la verdadera revolución que necesita el anquilosado y antidemocrático sistema educacional chileno.
Sin embargo, no fue así. El gobierno ni siquiera intentó situarse por encima de sus compromisos ideológicos y de los intereses económicos que representa para asumir el liderazgo patriótico y la visión de futuro que reclama la mayoría del país que apoya al movimiento estudiantil. Prefirió dejar las cosas tal como estaban antes del cambio de gabinete y ahora, se encuentra hundido hasta el pescuezo en el pantano que cada día se hace más espeso con la incorporación de variados contingentes a la protesta social liderada por los estudiantes. Desaprovechando la oportunidad de enfrentar de una vez por todas un problema que se ha convertido en insoluble tanto para los gobiernos de la Concertación como de la derecha, el ministro Bulnes prefirió proponer esbozos de soluciones en algunos temas e ignorar otros que son sustanciales en la demanda estudiantil. Como es habitual, se intenta levantar falsas expectativas a través de la consagración constitucional de principios que, según inveterada experiencia, permanecerán incumplidos. A la vez se esquivan las exigencias específicas de los jóvenes universitarios y secundarios. Las movilizaciones de estudiantes y profesores -que han concitado el apoyo de millones de ciudadanos-, están alcanzando su máxima tensión. El 9 de agosto se anuncia un paro nacional que sin duda convocará un apoyo multitudinario. La intención del gobierno, en vez de hacerse eco del reclamo nacional por una educación pública y gratuita, intenta desgastar al movimiento estudiantil para desactivar la creciente protesta social que desencadena la lucha estudiantil. La propuesta del ministro de Educación trata de “emborrachar la perdiz”, valiéndose de un juego politiquero, para derrotar a los estudiantes en la mesa de negociaciones y sacar el conflicto de las calles.
Demandas como eliminar el lucro en la educación, la desmunicipalización de los colegios y una clara hegemonía de la educación pública, han caído en oídos sordos. Igualmente la necesidad de una reforma tributaria y de la renacionalización del cobre como fuentes de financiamiento para una política educacional que inicie un cambio igualitario en beneficio, sobre todo, de los sectores más empobrecidos. Nada dice la propuesta del gobierno sobre estos temas. Incluso los grandes empresarios -con evidente oportunismo- han declarado su disposición a considerar una reforma tributaria dado el objetivo superior que se busca. Los 4.000 millones de dólares en seis años que el gobierno ofrece para el conjunto de la educación chilena (a razón de unos 650 millones de dólares anuales), resultan insuficientes para un sistema que abarca desde la educación preescolar hasta la formación terciaria, incluyendo la educación técnico-profesional que se encuentra en estado casi terminal. El ministro Bulnes, junto con reconocer la demanda de un financiamiento adicional a esos 4 mil millones de dólares, ha sostenido que el gobierno no puede acceder, porque arriesgaría “sensiblemente” metas prioritarias en educación, vivienda y combate de la extrema pobreza. El argumento es engañoso. Precisamente porque existen otras necesidades urgentes, se hace necesaria una reforma tributaria y gravámenes efectivos a las ganancias de las transnacionales del cobre, para atender necesidades vitales como educación, extrema pobreza, salud y vivienda, particularmente en las zonas afectadas por el terremoto. El gobierno busca salidas a medias y echa mano a medidas de contención de la protesta estudiantil con promesas y declaración de intenciones que dejan en pie el esquema impuesto por la dictadura militar que convirtió la educación en un “bien de consumo”, como ha hecho suyo en un lapsus de sinceridad el presidente de la República.
En la respuesta del gobierno a los estudiantes abundan los planteamientos declarativos sin importancia práctica ninguna. ¿Qué tiene de importante, por ejemplo, que se eleve a “rango constitucional” el derecho a una educación de calidad respaldada por el Estado? ¿Ha servido de algo que la educación figure como obligación preferente del Estado en los números 10 y 11 del artículo 19º de la Constitución impuesta por Pinochet? ¿De qué ha servido -asimismo- proclamar que la educación universitaria no tiene fines de lucro? Diversos mecanismos que ahora se proponen (Subsecretaría de Educación Superior y Superintendencia) pretenden fiscalizar a los agentes privados que participan en la educación. Se trata de una fiscalización cuando menos peligrosa, porque, ¿quién fiscalizará a los fiscalizadores? Las prácticas de corrupción mediante las subvenciones escolares a los sostenedores de colegios aprobados por el Ministerio de Educación, que se han cuoteado entre la Concertación y la derecha, han llegado al extremo de condonar las sanciones a quienes violaron la ley con malos servicios, suplantación de alumnos, no pago a los profesores, etc. El asunto de fondo es que el objetivo de los sostenedores de colegios es el lucro, y por eso les interesa pagar lo menos posible a los profesores y gastar el mínimo en los alumnos para apropiarse del resto de la subvención que les entrega el Estado. No se puede asegurar que estas prácticas detestables no sigan ocurriendo. Tampoco la disminución del interés del crédito otorgado con aval del Estado a los estudiantes -que bajaría de 7 a 4 por ciento- terminará con el agobio de las familias, que seguirán haciendo prodigios para costear una educación mediocre o francamente mala, considerada una de las más caras del mundo. La propuesta del gobierno a los estudiantes en síntesis sólo se propone ganar tiempo, descomprimir las presiones de la movilización callejera y aislar a los estudiantes; o, eventualmente, abrir negociaciones que se prolongarían indefinidamente.
La propuesta ha sido evaluada a fondo por los estudiantes y profesores. Las resoluciones que ellos tomen con autonomía deben ser respetadas. La independencia de los movimientos sociales se encuentra amenazada por sectores políticos desprestigiados, especialistas en pescar a río revuelto. En estudiantes y profesores recae la responsabilidad de impedir que se utilice su movimiento para fines subalternos, ajenos a sus intereses y aspiraciones. Esa responsabilidad debe ser asumida sin las interferencias ni las tutelas que trata de imponer el oportunismo partidario. Las exigencias de los jóvenes estudiantes, que han logrado acumular una enorme fuerza, vigorosa y pacífica, creativa y dotada de profunda intuición acerca del futuro democrático que necesita la nación, deben ser atendidas por el gobierno. La magnitud alcanzada por la protesta social -y en particular estudiantil- merece soluciones trascendentes e históricas, no parches ni macuquerías politiqueras como las que se ofrecen desde La Moneda y el Parlamento. De la firmeza de los estudiantes -haciendo uso de sus derechos ciudadanos- depende abrir paso ahora a reivindicaciones democráticas que el pueblo anhela desde hace años. Los jóvenes -los que se creía que no estaban “ni ahí”- están dando una lección de civismo. La protesta social por tanta desigualdad e injusticia, estaba latiendo en lo profundo de la sociedad chilena. Se está manifestando a diario en forma pacífica y valiente. Ese sentimiento que dice basta a la injusticia, se aglutina en torno al movimiento estudiantil y a su defensa de la educación pública. Es visible el temor que la protesta social provoca a los dueños de este país, a sus medios de comunicación, a sus parlamentarios, a sus ministros… Hacía muchos años que las clases dominantes de Chile no veían desafiados sus privilegios y su poder por tan amplios sectores populares. Eso lo han conseguido los estudiantes. El resto del país se los agradece y les apoya.
¡No aflojen, cabros!
Manuel Cabieses es el director de la revista política chilena de izquierda Punto Final.
