Contra la condena hipotecaria

A la dificultad histórica de nuestro país para acceder a una vivienda digna por parte de amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el drama de la pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 2007 -año en que estalla la crisis- hasta el 2011, se han producido 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España. Las previsiones de futuro no son mejores e indican que estas cifras podrían duplicarse durante el 2013.

Las familias afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados por la crisis: las personas que han perdido el trabajo, especialmente las que se encuentran en situación de paro de larga duración. Y, dentro de estas, las que pertenecen a los colectivos tradicionalmente más vulnerables, como las personas inmigradas o las madres solteras. Por otro lado, a la pérdida de trabajo y de la vivienda se suma una consecuencia totalmente inesperada y de efectos gravísimos: en el Estado español el procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la entidad financiera pueda adjudicarse la vivienda por el 60% de su valor de tasación, y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente -más intereses y costes judiciales- tanto a la persona afectada como a quienes la hayan avalado. .

Así, a la dramática situación de no tener trabajo ni vivienda, se añade una deuda impagable que supone el embargo de salarios o de cualquier ingreso o propiedad de los afectados y de sus avalistas. Se trata, por lo tanto, de una condena a la exclusión social, y a la economía sumergida.

Ante esta situación, la medida estrella del Gobierno del Partido Popular, el código de buenas prácticas para hipotecas de clientes con pocos recursos, impulsado mediante el real decreto ley 6/2012 de 9 de marzo, resulta claramente insuficiente. Por un lado, establece requisitos que dejan fuera a la inmensa mayoría de los afectados. Por otro lado, está básicamente orientado a una refinanciación de la deuda que solo beneficia a los bancos. Finalmente, el código deja fuera los miles de personas que ya han sido desahuciadas.

Así, mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de la actual crisis económica, reciben miles de millones de euros en ayudas públicas, las familias con hipotecas impagables continúan abocadas a la exclusión social. Es por eso que hace falta una movilización social que fuerce un plan de rescate para los miles de familias que se sobreendeudaron, no para especular, sino simplemente para acceder a un bien de primera necesidad y a un derecho fundamental para las personas cómo es una vivienda digna.

Con este objetivo, esta mañana presentamos públicamente el pistoletazo de salida de la iniciativa legislativa popular (ILP) para pedir la regulación de la dación en pago retroactiva, paralizar los desahucios y promover el alquiler social. Tenemos hasta el 31 de octubre para recoger las 500.000 firmas necesarias para que la ILP sea admitida en el Congreso de los Diputados. .

Con esta ILP pretendemos que en los casos de vivienda habitual, la entrega de la propiedad de la vivienda liquide la totalidad de la deuda. De hecho, el Estado español es, en este sentido, una anomalía: tanto en EEUU como en la mayoría de países europeos existe algún tipo de mecanismo que, de una manera u otra, permite resolver las deudas hipotecarias en un plazo razonable.

Pero, además de la dación en pago retroactiva, también proponemos que se paralicen los desahucios y que aquellas hipotecas que hoy resultan impagables puedan reconvertirse en un alquiler social. De este modo las familias afectadas podrían permanecer en sus viviendas destinando como máximo el 30% de sus ingresos para el pago del alquiler.

Es un absurdo y un escándalo social que los bancos sigan acumulando miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle y con deudas de por vida. Por eso hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía porque se sume a la ILP en defensa del derecho a la vivienda aportando su firma. ¡Que no nos hipotequen la vida!

Joan Carles Gallego (CCOO Catalunya), Joan Martínez (CONFAVC), Vanesa Valiño (Observatorio DESC), Ada Colau (Afectados por la Hipoteca), Àngels Guiteras (Taula del tercer Sector), Josep Maria Álvarez (UGT Catalunya)

La ILP: un canal de participación ciudadana con proyección. Aitor Martínez Jiménez.

Para la gran mayoría de ciudadanos la ILP es todavía una herramienta prácticamente desconocida, mientras que para la práctica totalidad de los especialistas la ILP es un instrumento de participación fracasado. Sin embargo, probablemente se haya certificado precipitadamente su defunción.  El actual contexto político, con una creciente desafección ciudadana hacia el modelo representativo y sus partidos políticos, puede conllevar la activación de este canal de participación popular olvidado.

A caballo entre la democracia directa y la democracia representativa, a través de este instrumento de democracia semidirecta, los ciudadanos pueden proponer la adopción de una ley al parlamento. Su finalidad es evidente, alimentar la producción legislativa con las demandas ciudadanas, para completar así la limitada visión de los partidos políticos, que en ocasiones no trasladan al parlamento intereses que nacen en la ciudadanía.

Leer el artículo completo en Público 22-4-12

SICOM i Namuss Films estamos proyectando el documental La Plataforma, dedicado a las actividades y reivindicaciones de los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

Si quieres organizar una proyección del documental ponte en contacto con nosotros: sicom@sicom.cat

#La Pars

Afectadas por los Recortes Sanitarios

Recortes y datos del sistema sanitario: J. Ignacio Martínez Millán y Luis Andrés López Fernández, profesores de la escuela Andaluza de Salud Pública.

Se habla estos días de establecer cuotas de pago para determinadas prestaciones en función de la renta, creando tasas para las rentas más altas. El efecto de la aplicación de esta tasa en la financiación del sistema, tanto por el porcentaje de población a la que afectaría inicialmente, como por el uso de servicios que esta población realiza (que salvo para situaciones de alta complejidad y coste no utilizan los servicios públicos de salud) será inapreciable. La búsqueda de una mayor recaudación a través de dicha medida conllevará la bajada progresiva del dintel de nivel de ingresos para la aplicación de la tasa, incrementando el colectivo social con las clases medias de mayores ingresos declarados a hacienda, que se verá incentivado a contratar seguros privados de salud y a desentenderse del sistema público.

Este desentendimiento conllevará en el medio plazo la exigencia por parte de esta población de la devolución de sus impuestos relacionados con la salud, con el argumento de la no utilización del sistema público y el aporte que ya hacen a su seguro privado, y por otra parte restará apoyo social al sistema de salud, pues en nuestras sociedades estos grupos de población tienen gran capacidad de influencia política. Perderemos la universalidad del sistema, que es lo que garantiza la adecuada distribución de riesgos, la eficiencia económica y social, la calidad y la capacidad redistributiva del sistema. Y esto es lo que parece perseguir la política anunciada sobre recortes en nuestro sistema nacional de salud.

Leer artículo completo

Expertos advierten del impacto del nuevo copago en la salud de los más pobres.

Más allá del beneficio económico en las arcas del Estado, algunos especialistas temen que el aumento del copago en los medicamentos tenga un efecto negativo en el cumplimiento de los tratamientos farmacológicos, sobre todo entre las personas con ingresos más bajos. Teniendo en cuenta, además, que los jubilados consumen en torno al 80% del gasto total en farmacia.

El derecho a la salud no admite recortes: Amnistía Internacional

El gobierno ha anunciado una reforma sanitaria que podría poner en peligro el derecho a la salud.

“El ejercicio de los derechos humanos no puede subordinarse a la aplicación de las políticas de ajuste estructural y las reformas económicas emprendidas a causa de la deuda”. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas Resolución 11/5 de 200

Una denuncia penal contra los responsables de la sanidad: Carlos Jiménez Villarejo

El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es especialmente notorio en Catalunya. Bajo el paraguas de las “medidas anticrisis” hay indicios claros de privatización del sector sanitario público con el objetivo, no de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria de la población (o en su defecto, que no se deteriore), sino de favorecer al sector sanitario privado en el que son y han sido directivos los actuales Altos Cargos con competencias sanitarias en Catalunya. Los ciudadanos que han formulado la denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya expresan muy bien el deterioro del sector sanitario público que no es explicable únicamente como una consecuencia de la crisis económica sino que se le está provocando un daño adicional con la pretensión de favorecer al sector sanitario privado. Las actuaciones del Departament de Salut que se  exponen en la denuncia, sus efectos en la realidad social, las declaraciones de los responsables políticos en la toma de decisiones y el perfil de las personas a las que se ha encomendado este giro en la política sanitaria catalana, afectadas algunas de ellas por serias cuestiones de incompatibilidad, no sólo son una muestra del profundo deterioro del sistema público sanitario, sino también de una intencionalidad privatizadora. La línea de intereses que se describen, favorecedora de los privados en detrimento del interés general, está aumentando la desigualdad social al menospreciar el derecho a la salud, como derecho universal, de los grupos sociales más desfavorecidos que sufren con más virulencia los daños producidos por la crisis económica. Y esta colusión de intereses públicos y privados ha mostrado ya su cara más evidente con casos como el del hospital de “La Seu” y las actuaciones que están siendo investigadas sobre la gestión de los recursos para atender a las Listas de Espera públicas y privadas en Hospitales públicos y concertados.

El Flanco débil: Emilio de Benito El País 18-4-12

La idea de que los medicamentos se paguen en función de la renta es una vieja reivindicación de cierto grupo de economistas.

La sanidad de Mas llega a los Tribunales: El Diagonal 16-4-12

El 21 de marzo, la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios (PARS) presentaba ante la Fiscalía Superior de Catalunya, un escrito conforme al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (PDF) en el que se relatan hechos que la PARS considera infracciones del artículo 542 del Código Penal. Este artículo tipifica el delito en el que incurre aquella persona que, en el ejercicio de la función pública, impida conscientemente “el ejercicio de derechos cívicos” a una persona. Las personas que firman la denuncia entienden que dentro de esos “derechos cívicos” se encuentran los “principios rectores de la política social y económica” que salvaguarda la Constitución española.

Según este escrito, “los responsables de Salud del actual Gobierno de Catalunya, pese a que las leyes les obligaban a tutelar un derecho fundamental, han emprendido un decisivo desmantelamiento de la sanidad pública, primando los intereses sanitarios privados sobre la asistencia pública”.

El 1% se olvida que somos mayoría: entrtevista a Clara Valverde de La Pars en Madrilonia 19-4-12:

#sicomtelevision

Dieciséis meses es tiempo suficiente para dar una idea de las capacidades de un Gobierno. Al que preside Artur Mas este periodo le está resultando una penosa ascensión por un calvario económico y presupuestario. Un vía crucis en el que, al decir de uno de sus miembros, cada reunión semanal está protagonizada por una ansiosa búsqueda de dinero para pagar deuda, proveedores y nóminas.

Si esta es la cruda realidad impuesta por la crisis económica, también es cierto, sin embargo, que la gestión gubernamental se la juzga no solo por parámetros económicos y presupuestarios. El consejero de Interior, Felip Puig, por ejemplo, se deleitó en sus primeros meses echando atrás algunas políticas de su antecesor, Joan Saura. Y con ello satisfizo los intereses corporativos e ideológicos sobre cuyas campañas en contra del Gobierno de izquierdas había cabalgado CiU como partido de la oposición. Cosas como suprimir el código ético de la policía y el programa contra la violencia machista, por ejemplo. Para Puig fue un momento feliz. Todo muy fácil y gratis. Pero el tiempo pasa y llegó el momento en el que el consejero tuvo que demostrar que sabía hacer algo más que atender a los grupos de presión afines. Llegó el 27 de mayo y el Departamento de Interior no supo organizar y llevar a cabo una operación tan asequible para una policía moderna como el desalojo de la plaza de Catalunya convertida en campamento del movimiento del 15-M. Lo que debía ser, y pudo ser, una simple operación de higiene a cargo de brigadas de barrenderos terminó en cargas policiales y violencia. Un fracaso.

Un par de semanas después, el consejero Puig consiguió el dudoso honor de llevar a la primera página de la prensa internacional la imagen del helicóptero policial con el que el presidente de la Generalitat logró llegar al Parlament. El día antes se había anunciado la concentración de manifestantes del movimiento del 15-M ante el Parlament y el Departamento de Interior fue incapaz de llevar a cabo lo que debe de ser una de las operaciones más típicas de toda policía: garantizar la existencia de un paso de acceso seguro a los diputados y el Gobierno a un edificio oficial. El dispositivo organizado fue un fiasco total y ofreció otra vez un penoso espectáculo de cargas policiales inútiles.

No fue la última oportunidad que el movimiento del 15-M brindó al Departamento de Interior para demostrar su impericia. Cuatro meses después, la policía improvisó sobre la marcha la ocupación de nada menos que la Ciudad de la Justicia con el objetivo de detener a seis participantes en las manifestaciones de junio, ¡cuando habían acudido al juzgado para prestar declaración por aquellos hechos! Aquella delirante iniciativa de Interior provocó una dura e insólita nota de protesta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la definió como un abuso en el ejercicio de la fuerza, en sede judicial.

La huelga general de hace un par de semanas ofreció a Puig una nueva oportunidad de colocar otro fracaso de la policía catalana en las portadas de la prensa internacional. Esta vez por choques con el núcleo de manifestantes anarquizantes que en Barcelona suele aprovechar algunas grandes concentraciones y celebraciones para hacer acto de presencia. Esta vez quemaron un Starbucks y numerosos contenedores de basura, entre otras cosas. No era la primera huelga general en los últimos años. En las anteriores había habido despliegues policiales discretos, previamente pactados con los sindicatos, y no había habido choques destacables. Pero a Puig le gustan las portadas de la gran prensa. Esta vez, calentó la huelga ordenando la detención de piquetes la mañana del 29 de marzo, por si no bastara con los recortes salariales y la destrucción de empleo.

Ahora, ante la evidencia de su desbordamiento, Puig recurre al populismo, en compañía del ministro Fernández Díaz, para vender la idea de que recortando derechos y endureciendo el Código Penal logrará controlar lo que se le escapa de las manos. Pero antes de pensar en cómo meter más gente en la cárcel, sería más rentable buscar un consejero de Interior y un director general de policía prudentes y expertos.

Más de la mitad de la propiedad de Repsol es extranjera y además es la segunda empresa española con más presencia en paraísos fiscales (12 filiales en las Islas Caimán y una en Liberia). ¿Es esto una empresa “española”, como para que merezca las amenazas tan flagrantes del gobierno español al gobierno argentino, por una amenaza de retrocesión de una privatización previa que muchos juzgaron escandalosa y vendepatria por parte del gobierno argentino de Eduardo Menem?

Repsol antes era una empresa pública. Es decir: de todos, y no de unos amigotes que valen su peso en oro. Como del Estado argentino era YPF.

Hace ya tiempo que nos expropiaron Repsol; concretamente entre 1989 y 1997, cuando Felipe González y Aznar se la quitaron de encima vendiéndola al peso. Tal sucedió con otras importantes empresas de sectores estratégicos, como Telefónica o Endesa, todos imperios boyantes que obtienen cada año beneficios de miles de millones que no acaban en las arcas públicas

Nacionalización de YPF-Repsol por parte del gobierno argentino: El suelo en disputa.

Artículos de opinión para entender el conflicto

La traición. Juan Torres López, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Sevilla

Imaginemos que por cualquiera de nuestras fronteras penetran unos cuantos batallones de tanques destruyendo a su paso fábricas y locales de empresas, hospitales, escuelas… y todo tipo de instalaciones e incluso produciendo daños personales a miles de individuos.

¿Qué pensaríamos si el Gobierno, en lugar de tratar de frenarlos disponiendo frente a ellos a los militares que juraron defender siempre la integridad de la Patria, se sometiera a sus dictados y permitiera que siguieran destruyendo nuestra riqueza?

Sin duda, creo yo, lo condenaríamos por felón y el pueblo tendría entonces todo el derecho a levantarse contra él y a imponer otro fiel y no traidor a la Nación y a los intereses de sus ciudadanos.

Salvando las distancias, eso es lo que viene pasando desde hace meses, no solo desde que Rajoy es Presidente del Gobierno.

No nos engañemos. Todo el mundo sabe que son intereses extranjeros y algunos nacionales espurios quienes están imponiendo medidas que destruyen nuestra riqueza. Solo una ingenuidad infinita puede hacer creer que esas medidas son el resultado del ejercicio libre de nuestro poder soberano como Nación. Por mucho que se disimule, como hace el Ministro de Guindos, cuando dice que se toman “por convicción”, es muy evidente que responden a una extorsión continuada de especuladores que ha llegado a ser calificada, con toda la razón, como “terrorismo financiero” por el Presidente de la Junta de Andalucía. Ex presidentes europeos nada sospechosos como Delors, Schmidt, Santer… han reconocido que son los mercados financieros quienes nos gobiernan. Y el propio Rajoy declaraba hace unos días que ni a él ni a sus ministros les gustaban los Presupuestos que han presentado

Fragilidad, incosnciencia, belicismo. Rafel Poch, Diario de Berlín, La Vanguardia 15-4-12

Los alemanes se desayunan cada mañana con noticias optimistas sobre el “milagro alemán”, particularmente real comparado con la miseria de sus vecinos del sur de Europa. Un día es el crecimiento de sus exportaciones, otro el récord de empleo, otro el magnífico índice de “confianza empresarial” y otro el aumento de ventas de Volkswagen o BMW.

Barriendo debajo de la alfombra los datos negativos del parcial desmonte del “Modell Deutschland” de los últimos veinte años (el aumento de la precariedad laboral, el crecimiento de la desigualdad social, el incremento del cinismo hacia la política y el deterioro de la proverbial moral del trabajo), el establishment mantiene su optimista campaña con la vista puesta en las elecciones generales del 2013. Mientras tanto, la Europa del sur se va al garete como consecuencia de una política alemana de austeridad asfixiante y de un Banco Central Europeo de diseño alemán y al servicio del sector financiero.

El aparente y frágil “milagro” se sostiene con las ventas en países como China, cuyos aumentos compensan lo que dejan de comprar los arruinados europeos meridionales. Es decir se sostiene, en buena medida, sobre cáscaras de huevo, porque China se está enfriando y lanza señales de nerviosismo. La diferencia entre China y Alemania es que mientras la primera  piensa en prevenir posibles escenarios de debacle, la segunda cómo máximo piensa en las elecciones de 2013 y en escapar ilesa al hundimiento del Titanic gracias a su billete de primera clase. Todos los partidos alemanes que optan a posiciones de gobierno comparten a grandes rasgos el mismo programa al servicio de la misma oligarquía corporativa-empresarial. En el Politburó del Directorio Berlín-Bruselas ni siquiera hay necesidad de purgas, porque no hay rastro de inquietantes disidentes en las instituciones.

La expectativa que hay en Europa no es alemana, sino una combinación del creciente malestar social, en Grecia, Portugal, España e Italia, con unas elecciones en Francia. Esos dos vectores podrían poner en cuestión la política anticrisis de factura alemana. Habrá que ver lo que eso dará de si, pero, como en el caso de Chongqing, lo que aquí importa es el contexto: China depende de Europa, Europa depende de China. Todos están caminando sobre cáscaras de huevo. Unos lo saben, otros, al parecer, lo ignoran o confían en su billete de primera.

Pregunta:  La decisión de limitar los pagos en efectivo a 2.500 euros es una medida para combatir el fraude fiscal o una limitación de la criculación del dinero en efectivo – corralito -.

Santiago Niño Becerra. Habrá intervención de cuentas bancarias

Repsol, demogagia i corporativismo liberal. Jorge Fonseca, Catedrático EU de Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, miembro del Consejo Científico de ATTAC

Lo que resulta llamativo es la generalizada defensa de Repsol y la posición del gobierno -por convicción neoliberal, sumisión o miedo al despido-, por parte de analistas, académicos y tertulianos de los principales medios, que han hecho gala de pensamiento.

Los medios alternativos, las redes sociales e incluso los seguidores de foros de los medios públicos han mostrado la distancia que hay entre el establishment y la sociedad, foso que muestra la debilidad democrática en suma. En vez de procesar los datos de la realidad, la mayoría ha reaccionado como si la expropiación por razones de interés público fuese un acto ilegal en cualquier país, cuando forma parte del ordenamiento legal español (lo establece el artículo 33.3 de la Constitución española y tiene antecedentes de aplicación en la expropiación de Rumasa en los ochenta) al igual que del argentino.

entre 2007 y 2011 Repsol vendió alrededor de un 40% de sus acciones por lo que se embolsó unos 9000 millones de euros. Entre 1999 y 2011 la distribución de dividendos de YPF fue de 10.100 millones de euros (el beneficio neto nominal fue de 12.500 millones) y fuese cierto que el actual 57% de participación de Repsol en YPF vale 8.000 millones de euros como proclama Brufau esto supondría para Repsol una ganancia acumulada de 27.000 millones (sin contar las generadas por otras empresas adquiridas con recursos de YPF), es decir un enriquecimiento neto (descontando la inversión inicial) de 15.500 millones de euros, cantidad que arroja una elevadísima rentabilidad sobre el patrimonio neto ya que la compra de YPF fue hecha con préstamos bancarios. Se estima que el beneficio real ha sido superior pues se sospecha que ha utilizado precios de transferencia para enviar beneficios al exterior encubiertos como pagos corrientes. En la actualidad los beneficios generados por YPF representan en torno al 30% del total de Repsol (50% de la producción, 40% de las reservas), aunque en los primeros años llegaron a representar hasta el 60%. Por otra parte Repsol se ha quedado con valiosos yacimientos en Brasil, Ecuador, y otros países, que pertenecían a YPF pero que fueron atribuidos a la matriz, lo que supone otra formidable ganancia materializada en activos.

La nacionalización de YPF, filial de Repsol, por el gobierno de Argentina. Alberto Garzón Espinosa, diputado IU, Málaga.

Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.

YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y extranjero)

El crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.

Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.

Leer artículo completo en “Pijus Economicus”  Alberto Garzón Espinosa

¿Cuanto Paga Repsol en Impuestos?

Algunos datos sobre Repsol

Repsol-YPF: lo que mal empieza sigue mal y acaba mal. Paco Gómez Nadal. OMAL Observatorio de Multinacionales en América Latina.

¿Qué hay detrás de la telenovela de Repsol YPF? Pues una historia de privatizaciones, entrega de la soberanía energética e intereses privados para ordeñar con velocidad las limitadas reservar de hidrocarburos de Argentina.

Repsol llegó a Argentina cuando Carlos Menem (1989-1999) estaba terminando el trabajo sucio. Las caóticas reformas legales que introdujo la Administración Menem convirtieron a YPF en una sociedad anónima en 1990 y el proceso de privatización legal de la compañía estatal se concreta con la Ley 24.145 de 1992. El acercamiento de Repsol a Argentina se produce en 1996. En ese momento compra el 100% de diversas compañías del sector (Astra, Pluspetrol, Mexpetrol, EG3, Algas o Poligas) y participaciones en otras (como Refisan o Parafinas del Plata). Para ese momento, YPF había despedido, entre 1990 y 1997, a 34.917 empleados, y el Estado, en el proceso privatizador, había asumido todas las deudas de la compañía. Limpio el paquete, a finales del 98 Repsol compró un 5,01% de las acciones del Estado argentino en YPF y a principios de 1999 adquirió el 14,99% restante. La operación desembarco culminó en julio de 1999 cuando la multinacional española se quedó con el 55% de las acciones que estaban en manos privadas y el 11% que estaba en manos de los gobiernos provinciales. En total 15.168 millones de dólares en una megaoperación que no era inocente. Repsol dio un vuelco a sus operaciones, subiendo de manera brutal el porcentaje del negocio en exploración y explotación.

El problema, y una de las razones por la que se ha llegado a esta crisis, es que en ese momento las reservas de crudo argentino se estimaban en unos 15 años y Repsol sólo ha vaciado los pozos y maximizado ganancias exportando la mayoría del petróleo.

La senadora María Eugenia Estenssoro, hija del último director de YPF antes de que la comprara Repsol, es muy crítica del Gobierno y de Repsol, por haber vaciado YPF. Fue durísima con Menem por regalar “un activo estratégico del país” y ahora lo es con lo ocurrido en los últimos años: “(…)El contrato societario firmado por Repsol y el Grupo Eskenazi el 21 de febrero de 2008 -publicado desde entonces en la página de la Comisión Nacional de Valores (CNV)- obliga a los accionistas a distribuir el 90% de las utilidades anuales, cuando lo usual es el 25 por ciento. Este mecanismo permitió que ‘el amigo argentino’ [Eskenazi] comprara su parte en la empresa con los dividendos de la propia compañía. (…) Pregunto: si se acordó retirar prácticamente el total de las ganancias cada año, ¿con qué dinero se esperaba financiar la reposición de reservas y la ampliación de la producción? Repsol aceptó el acuerdo sin protestar, porque así emprendía la retirada con los bolsillos llenos y silbando bajito. Además, esta práctica depredadora la utilizó en la Argentina desde el inicio. Entre 2003 y 2007 repatrió el 97% de las utilidades de la empresa. Toda esta información está en los balances públicos”.

Repsol no es España: Juan Torres lópez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

En Argentina, como en otros países, Repsol utiliza las respectivas filiales nacionales, como hacen todas las empresas multinacionales, para fijar los llamados “precios de transferencia” (artificialmente bajos para hacer que aparezcan pérdidas allí donde conviene y beneficios en donde pueden conseguir tratamiento fiscal y condiciones políticas más favorables). Y en lugar de orientar la explotación de los recursos nacionales hacia el abastecimiento interno que cubra las necesidades de la población y satisfaga los respectivos intereses nacionales, se utiliza como parte de una estrategia de maximización de beneficios global que, entre otras cosas, pasa por considerar al petróleo, y al resto de las materias primas, como una commodity, es decir, no solo un bien orientado a la producción y el consumo sino, sobre todo, a su utilización como activo financiero para especular con él en los mercados.

Lo que está haciendo el gobierno es patético y se debe decir claramente: no está defendiendo los intereses de España y de sus ciudadanos, como dice, sino de una gran empresa a la que España, el bienestar de su población o la situación de las empresas  que verdaderamente están aquí tratando de sacar adelante la actividad y el empleo sin gozar del apoyo y los privilegios de Repsol, le importan un rábano en el día a día de sus actuaciones

Ya está bien de tanto teatro y de tanta sumisión ante los grandes. Lo que necesitamos en España no son precisamente repsoles que se dediquen a ganar dinero a espuertas en Argentina y otros países a base de mal explotar sus recursos, de evadir impuestos y expatriar beneficios a paraísos fiscales, sino un gobierno digno que se plante ante quienes de verdad están llevando a la ruina a la economía española.

La nacionalización de YPF (I): “Nuestras empresas” y la “seguridad jurídica” Pedro Ramiro OMAL Observatorio de Multinacionales en América Latina.

¿Son Repsol y otras corporaciones transnacionales como Telefónica, BBVA o Iberdrola “nuestras empresas”? En la última década, hemos visto cómo en muchas ocasiones los principales medios de comunicación y los gobernantes españoles se referían así a las grandes corporaciones cuya sede central se encuentra en el Estado español: «Nuestras empresas están en América Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atrás», decían desde el gobierno de Zapatero hace tres años. Y es que, según el discurso oficial, la internacionalización de “nuestras multinacionales” es una de las principales fuentes de riqueza para este país. En base a ese argumento, habría que defenderlas por encima de todo y dar por sentada la máxima de que «lo que es bueno para ‘nuestras empresas’ es bueno para la población española».

Pero estas empresas, que sí puede decirse que fueron “nuestras” hasta finales de los años noventa -no olvidemos que compañías como Repsol, Telefónica, Endesa y Gas Natural fueron de titularidad pública hasta hace apenas una década y media-, hoy sólo pertenecen a sus accionistas. Y, en realidad, ellos son los únicos beneficiarios, junto con los directivos y ejecutivos de estas compañías y todos esos políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las “puertas giratorias” que conectan el sector público y el mundo empresarial, con la expansión global de los negocios de estas compañías.

Por citar sólo un dato: Antonio Brufau, presidente de Repsol, recibió una retribución por el desempeño de su cargo de 7,08 millones de euros en 2011.

Repsol ha sido acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, contaminar el territorio mapuche en Argentina y el Parque Nacional Yasuni en Ecuador, violar los derechos humanos en Colombia y, en el caso de Argentina, la compañía ha causado importantes y persistentes impactos sobre el ambiente, la vida y la cultura de sus habitantes, en especial de las comunidades indígenas en cuyos territorios opera. Además, con el apoyo de los organismos internacionales, Repsol obtuvo una posición de absoluto control de la energía que ha aprovechado para implementar una infraestructura que ha favorecido el uso irracional de los recursos; la empresa elevó las tarifas del mercado argentino a los precios internacionales, olvidando sus costos y dejando a grandes sectores de la población sin posibilidad de acceder a la energía. ¿Puede hablarse así de “desarrollo”?

Petróleo y mineria: como una maestra jardinera

Editorial Le Monde Diplomatique Sudamérica Abril 2012

Si la minería podía ser un misterio, no sucede lo mismo con los hidrocarburos, de los cuales los Kirchner y su equipo, provenientes de una provincia petrolera como Santa Cruz, lo sabían casi todo. Pese a ello, la política energética de la Era K ha sido cortoplacista y, al menos respecto de YPF, bastante errática. A menudo guiada por objetivos nobles, como mantener los precios controlados para impulsar el consumo y la producción, o fomentar la nacionalización parcial para evitar la dispersión de objetivos estratégicos de la empresa, los resultados son elocuentes (por lo malos): disminución de las reservas (que se redujeron un 18 por ciento en los últimos diez años), caída de la producción y pocos avances en la capacidad de refinamiento, todo lo cual ha ido redondeando una balanza energética alarmantemente deficitaria (unos 3 mil millones de dólares en 2011). Como sucede con la minería, se impone, aquí también, un cambio de política. Los hidrocarburos son recursos no renovables y, por lo tanto, estratégicos. Sería absurdo considerarlos a la par de otros commodities, como si fueran soja o café, y parece lógico que el Estado asuma un control mayor sobre variables clave, tales como inversión, distribución y precios. La cuestión es cómo. Hasta el momento, la ofensiva oficial contra Repsol-YPF incluyó la quita de una serie de beneficios fiscales y la eliminación de subsidios, el impulso a los gobernadores aliados para que anulen concesiones y, todo así lo indica, se coronará con algún tipo de intervención estatal mediante un mecanismo todavía no definido (mi impresión, al cierre de este editorial, es que el gobierno está analizando la manera de hacerlo).

YPF-Repsol y la guerra de los tahúres. Carlos Abel Juárez, María Julia Bertomeu, G. Buster,  – miembros del Comité de Redacción de Sin Permiso -, y Antoni Domènech, Editor General. Sin Permiso 16-4-12

El conflicto por el 24,55% de las acciones en juego de Repsol en YPF puede acabar afectando no solo al conjunto de la inversión española en Argentina, sino también en toda America Latina. El síndrome de la “seguridad jurídica” de la derecha española surge directamente de su experiencia traumática de la crisis argentina de 2001, cuando frente a la intervención de la banca española en Argentina, Aznar solo pudo recurrir a la presión de EE UU, ante la incapacidad de reacción de la UE: eso, y no otra cosa, es lo que propició el giro “atlantista” que desembocó en la foto de las Azores, la participación en la Guerra de Irak y la manifiesta displicencia hacia el núcleo de la “vieja Europa”.

Pues bien; esa interpretación aznariana de la defensa de los intereses de la “marca España” y de las empresas trasnacionales españolas en America Latina constituye ahora el núcleo de la nueva política exterior conservadora española, siempre bajo presión del propio Aznar y de su ideológicamente venenosa fundación FAES. De lo que se trataría, en substancia, es de una confrontación ideológica “sin complejos” con el “populismo”, y a favor de la “libertad de mercado” y de la “democracia liberal”

YPF, un hostigamiento por motivos políticos, no técnicos. Mariano Marzo. El País 5-4-12

Sin duda, desde una perspectiva técnica, el contencioso suscitado en torno a YPF debe analizarse en el contexto de la metamorfosis energética acaecida en Argentina en los últimos años. Entre 2002 y 2010 el país ha experimentado un crecimiento del PIB del 8% anual, favorecido por unos precios de los productos energéticos en general, y de los productos petrolíferos y del gas natural en particular, artificialmente bajos. En el transcurso del período citado, la tasa anual de crecimiento de la demanda de productos energéticos ha sido muy alta: 5% para la electricidad, 4% para el gas oil, 7% para las gasolinas y 4% para el gas natural.

Argentina es hoy en día uno de los países con mayor dependencia de los hidrocarburos del mundo (particularmente del gas natural) de forma que en 2010 la participación del petróleo y gas en la oferta de energía primaria fue del 84%. Con este grado de dependencia, el dato de que en los últimos diez años la producción de petróleo y gas en el país ha registrado una caída cercana al 18% y 11%, respectivamente, ha activado todas las alarmas. Porque si a este hecho se le suma el del crecimiento de la demanda comentado, no resulta exagerado afirmar que el sector energético argentino se encuentra inmerso en un cambio sin precedentes. Cambio que puede ser visualizado mediante una simple constatación: en 2011 el balance comercial entre exportaciones e importaciones de productos energéticos arrojó, por vez primera, un saldo negativo de unos 3.438 millones de dólares, cuando tan solo unos pocos años atrás, en 2006, el balance era positivo y rondaba los 6.031 millones de dólares.

La “Marca España” es la  “Marca REPSOL” (y viceversa) Miguel Romero. Viento Sur.

Ecologistas en Acción se muestra favorable a la expropiación el 50’01% de las acciones de YPF por parte

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El problema es mayor que el 1%. Es el 10%. Vicenç Navarro. Público 12-4-12

Este 1% de la población es el que consigue sus ingresos predominantemente de las rentas del capital y tiene un enorme poder financiero, empresarial, mediático y político, pues controlan los medios de financiación, de producción, de información y difusión, con la complicidad del Estado, cuyas políticas han facilitado tal concentración. De ahí que el movimiento Occupy Wall Street en EEUU los señale, con razón, como los responsables de la crisis financiera y económica. (Es interesante subrayar que es un indicador de la enorme influencia mediática y política de los súper ricos que la concentración de las rentas y de las riquezas como causa de la Gran Recesión apenas aparece en los medios).

Ahora bien, hay que concienciarse de que por mucho poder que tenga este 1% (y lo tiene, y mucho), su poder se apoya en una parte de la sociedad (otro 9%) cuyas rentas dependen de la existencia de este 1%. Es decir, el 1% es parte del 10% de renta superior que consigue amplios beneficios de esta concentración de la renta. Este 10% controla hoy el 52% de toda la renta de EEUU, habiendo seguido una evolución semejante que la del 1% descrito anteriormente. En 1928 tenía el 52% de la renta. Bajó hasta el 32% en 1978, para subir de nuevo al 52% en el 2008.

Malthus reencarnado: El FMI pide bajar pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado

El envejecimiento de la población es un reto conocido. Y a eso dedica un extenso análisis el Fondo Monetario Internacional, en un adelanto de los documentos de su cumbre semestral. Lo que llama la atención es la agresividad y crudeza con la que pone de relieve el problema. El Fondo reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”. Y también propone soluciones de mercado para mitigar ese “riesgo”.

El Fondo cree que hay que tomar más medidas y cita entre ellas el recorte de las pensiones, el aumento de las cotizaciones y la posibilidad de que los Estados contraten con aseguradoras privadas la cobertura de ese “riesgo de que la gente viva más de lo esperado”.

Interior considerará la resistencia pasiva un atentado a la autoridad: Público 11-4-12

Los violentos no son el único objetivo de las reformas que proponen los conservadores. Otra de sus propuestas es incluir como delito de “atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa grande”. En clara referencia a las movilizaciones estudiantiles de Valencia y el movimiento 15-M, con esta legislación podrían ser condenados por atentado todas las personas que acudan a las movilizaciones de los indignados, que suelen llevarse a cabo sin previa notificación a la Delegación de Gobierno.

Intelectuales, abogados, y acgtivistas afines al 15M cren que rajoy pretende “amedrentar” a los ciudadanos con el anuncio de la reforma del Código Penal

El papel indidioso del Fondo Monetario Internacional: James Corbett. Traducido de Global Research por Rebelión.

Miles de millones de dólares en préstamos del FMI a Rusia en los años noventa se desviaron dirrectamente a las cuentas bancarias suizas de oligarcas y gángsteres. Un programa de préstamos de 4.800 millones de dólares administrado por el fondo en 1998 entró por una puerta al banco central ruso y salió directamente por la otra. La gente nunca vio un solo rublo de ese préstamo y se quedó con tasas de desempleo, pérdidas en el mercado bursátil y una devaluación de la moneda que rivalizó con la Gran Depresión.

Las grandes fortunas son las que menos aportan a la recaudación pública. Periodismo Humano

Periodismo Humano habla con els secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de hacienda, José Maria Mollinedo, sobre la subida del IRPF.

“Las personas están pagando 839 euros de más (de media) para compensar la evasión de impuestos de otras corporaciones empresariales que están defraudando a manos llenas.”

“Sería fácil que las grandes fortunas pagaran como el resto de los ciudadanos”

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda: ¡No debemos! ¡No pagamos!

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda “No debemos, No pagamos” entienden que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos, están utilizando como motivo para tirar adelante con una sangrante política de austeridad. Por eso se exige el derecho a saber, a conocer los detalles del proceso que nos ha llevado a esta situación.

Esta iniciativa tiene entre sus objetivos la exigencia de poder decidir democrática y soberanamente qué hacer con la deuda y con nuestro futuro, sin injerencia de los mercados financieros, de la Comisión Europea, el BCE o el FMI.

O hay una movilización ciudadana o a España le esperan entre 10 y 15 años de crisis. Susana Regueira entrevista Eric Toussaint. El Faro de Vigo

España está siguiendo el camino de Grecia, Portugal e Irlanda, a su ritmo pero es el mismo camino, ya con la política de Zapatero y ahora empeorada o radicalizada todavía más hacia el neoliberalismo por el gobierno del PP, está claro que el camino elegido es más austeridad en los dos o tres años que quedan, más paro y seguramente más reacciones o explosiones sociales.

Ya el 29 de marzo hubo algo de esa participación popular pero veremos en los meses y años que vienen, de todos modos si seguimos con este tipo de políticas no lo dude, tenemos crisis para diez o quince años.

La Deuda o la Vida: Eric Touusaint analiza la evolución de la Crisis:

Por què hay que anular la deuda ilegítima: Eric Toussaint et damien Millet

Carta de Dimitris Christoulas, farmacéutico griego que optó por el suicidio a consecuencia de que le fuera “robada” la pensión por la que había trabajado toda su vida.

Publico : El PP avisa que la reforma sanitartia puede tocar todo.

El País : Guindos anuncia nuevas refromas en sanidad y educación.

El Periodico: El PP anuncia que la sanidad pública necesita “un buen tiempo en la uci”.

¿Qué pretenden, qué quieren conseguir?

Pues traspasar a su propiedad privada dos de los mecanismos claves para la equidad, las dos cosas a las que los humanos, respirar, beber, comer y procrear al margen, no renunciaremos nunca: salud para vivir, educación para vivir mejor en el futuro. Ellos, los oscuros mercados, saben que pagaremos por tenerlas porque no hay futuro sin salud ni educación. ¿Les permitiremos que se las apropien con el único objetivo de acumular riqueza a costa de los derechos sociales de la mayoría? Aceptaremos convertirnos – aún más – en objetos de negocio?

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http://sicom.cat/monobert/2012/03/27/la-tirania-del-dinero-la-democracia-secuestrada/

El cáncer como negocio. Miguel Romero, editot de Viento Sur, enfermo de cáncer desde hace 5 años.

Dempeus per la Salut Pública

En la página 40 de su edición del miércoles 14 de marzo, el diario El País incluía una espectacular página de publicidad en color. Sobre un fondo verde, la palabra Cáncer aparecía tachada en rojo. Es el logo de la mayor transnacional médica mundial especializada en cáncer: el MD Anderson Cáncer (tachado) Center. Debajo dos titulares: “Solo tenemos un objetivo: Vencer al cáncer”. “Juntos venceremos al cáncer”.

¿Dónde está el negocio?

Por una parte, sin duda, en el miedo que inspira el cáncer, asociado en el imaginario y en la experiencia de la sociedad al sufrimiento y a la muerte. Cuando la evolución de la enfermedad alcanza los niveles de alto riesgo, incluso personas de recursos modestos pueden invertir sus bienes y ahorros, y los de sus familias, persiguiendo la última esperanza de quienes se presentan, con la cuidada ambigüedad del lenguaje publicitario, como una institución capaz de “tachar” al cáncer.

Pero esto no es suficiente: la clave del negocio en países son sistemas potentes de sanidad pública está en colonizar el sistema público. Para ello, un primer paso se da desde dentro, dejando actuar a la sobresaturación que crece en progresión geométrica de los departamentos de oncología, atendidos en condiciones tan ejemplares, como crecientemente inmanejables por un personal sanitario desbordado.

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Los beneficios de la Paz: Arcadi Oliveres

El Triangle - Denunciacolectiva29M

El endurecimiento del código penal que prepara el Ministerio del Interior con el objetivo de equiparar las penas por supuesto vandalismo a las previstas para la kale borroka está indignando a numerosos abogados. Jaume Asens, vocal de la Comissió de Defensa dels Drets de les Persones del Col·legi d’Advocats de Barcelona, ha asegurado en declaraciones a EL TRIÁNGULO que el cambio normativo responde a una “lógica de estado de excepción, de política de emergencia que se aleja del estado de derecho”. “Entramos en una lógica propia de guerra”, añade Asens, que es el abogado defensor de algunos de los detenidos en la capital catalana durante la jornada de huelga general.

L’enduriment del codi penal que prepara el Ministeri de l’Interior amb l’objectiu d’equiparar les penes per suposat vandalisme a les previstes per a la kale borroka està indignant nombrosos advocats. Jaume Asens, vocal de la Comissió de Defensa dels Drets de les Persones del Col·legi d’Advocats de Barcelona, ha assegurat en declaracions a EL TRIANGLE que el canvi normatiu respon a una “lògica d’estat d’excepció, de política d’emergència que s’allunya de l’estat de dret”. “Entrem en una lògica pròpia de guerra”, afegeix Asens, que és l’advocat defensor d’alguns dels detinguts a la capital catalana durant la jornada de vaga general.

Gaseamineto ciudadano propio de estados de excepción proclamados por dictaduras

A finales de 2011 Elena Milàixina estuvo en Barcelona y SICOM tuvo la oportunidad de entrevistarla

En el blog de Nòvaia Gazeta, Milàixina dice que se encuentra bien y que los agresores no aparentaron estar interesados en el dinero

Durante su visita a Barcelona nos explicó la situación de Rusia en general y del periodismo y la libertad de expresión, en particular

La vida económica avanza hacia la abstracción. En sus comienzos, el valor residía en los objetos –un terreno, una oveja, un arado-, luego vinieron las monedas, luego el papel moneda y finalmente las transacciones electrónicas, que viven en las tripas de los ordenadores despojadas de toda materialidad. El problema consiste en que el poder político ha seguido, durante las últimas décadas, un proceso de debilitamiento paralelo. De tal modo que  el esfuerzo de varios siglos por establecer un régimen democrático que, pese a sus imperfecciones, pretende situar la soberanía en la voluntad de los ciudadanos se ve obligado a abandonar esas aspiraciones: el poder político debe ceder a los mercados financieros la gestión de la vida económica.

La pregunta es: ¿responde este proceso a una ley inevitable de la naturaleza o de la historia o es posible una gestión democrática de la economía? Cualquiera sea la respuesta, lo que parece claro es que la situación actual del capitalismo financiero no es compatible con el sistema democrático. Y es el momento de preguntarnos si estamos dispuestos a abandonar nuestros derechos sobre todo aquello que depende de la economía, como la sanidad, la educación, la cooperación al desarrollo, la protección al desempleo, en manos de oscuros gestores que pueden decidir por sí mismos el destino en que se va a emplear el resultado de nuestro trabajo, es decir, el dinero. ¿Sería imposible una sociedad en que los seres humanos convirtieran el mundo financiero en un servicio público?

España en el punto de mira.

Rafael Poch, Diario de Berlín. La Vanguardia 1-4-12

El Directorio europeo tiene miedo. La democracia y la protesta son su pesadilla

España ha llegado a la situación de Grecia en 2010. A partir de ahora una rápida bajada. Con su perspectiva griega de degeneración social para la mayoría, sus millones de parados, su juventud sin futuro, sus mayores más amenazados que nunca, en pensiones y puestos de trabajo de libre despido, reúne condiciones para que tome fuerza  su 15-M cívico-laboral. Por eso está en el punto de mira. El Directorio ya habla de intervención.

Resumiendo: combatieron una quiebra del sistema financiero inyectando dinero público, cuando la inyección creó deuda pública declararon que ésta –no la quiebra que la provocó- era el problema. Los bancos de Alemania y otros países del Norte que contribuyeron a la deuda privada del Sur europeo invirtiendo decenas de miles de millones de su superavit comercial en nuestras criminales fantasías inmobiliarias, redujeron un asunto claramente interrelacionado a un problema de “virtuosos y manirrotos”. Lo inaudito no ha sido el patoso y descarado nacionalismo alemán en todo esto, sino el servilismo y vasallaje de los políticos del Sur ante ese discurso. A continuación, para atajar todo ese embrollo de deuda aplicaron recorte social a los de abajo con la misma filosofía que condujo a la quiebra original.

Ahora, ante la evidencia que el remedio es peor que la enfermedad, hablan de políticas de crecimiento pero por ello sólo entienden “reforma laboral”. En dos años, el atraco perfecto se ha convertido en evidente farsa. Mientras tanto la gente ha ido aprendiendo economía, en su propia carne y asoma la rebelión.

Rafael Poch escribía el 8-2-11 ATRACO PERFECTO

A la oligarquía no le gusta que se diga ni se sepa, pero la Crisis Energética asoma la patita.

Nuestro futuro energético: Recogido por Crisis Energética y publicado por el Grupo de Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid

El panorama que se ve desde arriba nos lanza un mensaje muy claro: esto no puede seguir como hasta ahora. No es el mensaje de siempre, no sólo decimos que esto no “debe” seguir porque es perjudicial para el planeta. No. Decimos, simplemente, que nuestros datos muestran que no vamos a continuar por este camino, no es posible. No tenemos petróleo para continuar con el crecimiento económico y los patrones de consumo de las últimas décadas.

Algo va a cambiar en nuestra sociedad en esta misma década y de forma muy sustancial.

Adiós a la conciliación familiar: El País 5-4-12

Esta información ha sido elaborada por Ramón Muñoz, J. A. Aunión, Carmen Morán, María Sahuquillo y Charo Nogueira.

“Impulsaremos la extensión de la educación infantil de cero a tres años para satisfacer las necesidades de conciliación por parte de las familias”, decía el programa electoral del PP. Lejos de hacer eso, el Ministerio de Educación ha eliminado el programa que desde 2008 estaba destinado a crear plazas para menores de tres años, Educa3, que el año pasado contó con un presupuesto de 100 millones de euros —tenía que renovarse en 2012 y no va a ocurrir—.

La explicación que este miércoles dio la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, es que la situación económica ha obligado a fijar unas prioridades que han dejado fuera ese programa, entre otros. La enseñanza para menores de tres años es una etapa más “asistencial” que educativa, dijo Gomendio. Y, aparte de que multitud de expertos no están en absoluto de acuerdo con esa afirmación, el hecho es que ese impulso de las plazas de cero a tres años se detiene, ya que no existe ninguna partida similar en el área de Servicios Sociales.

El fracaso recaudador de las amnistías fiscales: Juan Hernández Vigueras, Consejo Científico de Attac. 3-4-12

Los magros resultados, pues, de estas políticas benevolentes con los delincuentes fiscales seguidas por los gobiernos europeos en años recientes han quedado registrados en los posteriores datos oficiales de la Comisión, que “demuestran que en los Estados miembros se está produciendo una reducción generalizada de ingresos; una notable disminución de la tributación del capital y, peor aún, modificaciones en los sistemas tributarios que los hacen cada vez socialmente más injustos”. (…)

En el Parlamento español, durante la tramitación del denominado proyecto de ley contra el blanqueo de capitales en la primavera de 2003, se adoptó el acuerdo de eximir de tributación los beneficios obtenidos por las sociedades filiales de la banca española en paraísos fiscales, en el caso de las emisiones de participaciones preferentes o acciones sin voto y permitiendo la retroactividad de la exención de sus remuneraciones que tendrían la consideración de gasto deducible. (El PAÍS 28/04/03)” El gobierno Aznar de entonces fue aún más lejos, abriendo además el camino para las estafas bancarias posteriores a jubilados y pequeños ahorradores mediante las popularizadas participaciones preferentes. Por no mencionar la tolerancia española con la evasión fiscal vía paraísos financieros, como se denunciaba recientemente en el programa futuro abierto de RNE.